¿Qué es el racismo estructural?
Critian Beltrán Barrero
Introducción
El racismo estructural se refiere a las formas en que las instituciones, leyes, políticas, prácticas sociales y económicas de una sociedad perpetúan desigualdades raciales, incluso sin intención explícita de discriminar. No se trata de actos individuales de racismo, sino de sistemas históricos y estructurales que generan desventajas para ciertos grupos raciales, como las comunidades afrodescendientes, indígenas y raizales en Colombia. Este tipo de racismo se manifiesta en la exclusión sistemática en áreas como educación, empleo, salud, justicia y acceso a recursos, y está profundamente arraigado en la historia colonial y las dinámicas de poder que han privilegiado a ciertos grupos sobre otros.
En Colombia, el racismo estructural tiene raíces en la esclavitud, la colonización y las políticas de blanqueamiento del siglo XIX, como la Ley 114 de 1922, que promovió la inmigración de personas blancas para "mejorar la raza". Estas prácticas históricas han configurado desigualdades que persisten en la actualidad, afectando especialmente a las comunidades afrocolombianas, indígenas y raizales.
¿Cómo afecta el racismo estructural a Colombia?
El racismo estructural en Colombia impacta de manera significativa a las comunidades afrodescendientes, indígenas y otras minorías étnicas en múltiples dimensiones:
Desigualdad socioeconómica: Las comunidades afrocolombianas e indígenas enfrentan mayores tasas de pobreza y exclusión en el acceso a educación, empleo y salud. Por ejemplo, el informe de la Defensoría del Pueblo destaca la forma en la que el racismo estructural limita el acceso de afrodescendientes a oportunidades económicas y sociales, perpetuando brechas de desigualdad. Violencia estructural y conflicto armado: El racismo estructural se entrelaza con la violencia, especialmente en regiones como el Pacífico, donde las comunidades negras enfrentan desplazamiento forzado, despojo de tierras y afectaciones por el conflicto armado. Estas dinámicas refuerzan la marginalización de estas poblaciones. Discriminación cotidiana: El lenguaje racista y los prejuicios en la vida diaria, como estereotipos negativos hacia las personas negras, son manifestaciones del racismo estructural que afectan la autoestima, la salud mental y el ejercicio de derechos fundamentales. Falta de representación y participación: Las comunidades étnicas tienen una representación limitada en espacios políticos y de toma de decisiones, lo que refuerza su exclusión en la formulación de políticas públicas. Impacto en el territorio: Decisiones como la construcción de una base militar en la isla Gorgona, sin consulta previa adecuada, han sido señaladas como ejemplos de racismo estructural, al ignorar los derechos territoriales de las comunidades afrodescendientes.
Estas afectaciones no solo limitan el desarrollo de las comunidades étnicas, sino que también perpetúan una geografía nacional racializada, donde ciertos grupos son sistemáticamente relegados a condiciones de marginalidad.
Legislación, políticas públicas y jurisprudencia para mitigar o combatir el racismo estructural
El gobierno colombiano ha implementado diversas medidas para abordar el racismo estructural, aunque persisten críticas sobre su efectividad y alcance. A continuación, se destacan las principales iniciativas en legislación, políticas públicas y jurisprudencia:
Legislación
Constitución de 1991: Reconoce a Colombia como un país pluriétnico y multicultural, estableciendo en el Artículo 13 el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación por motivos de raza, etnia u otros factores. Este marco sentó las bases para políticas de reconocimiento de las comunidades étnicas. Ley 1482 de 2011: Modifica el Código Penal para tipificar los actos de racismo y discriminación como delitos, con penas de 12 a 36 meses de prisión y multas de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta ley busca proteger los derechos de personas y comunidades vulneradas por actos discriminatorios. Sin embargo, la Corte Constitucional determinó que esta ley, por su carácter general, no requería consulta previa con comunidades étnicas, lo que generó críticas por no abordar específicamente las necesidades de estas poblaciones. Ley 70 de 1993: Reconoce los derechos colectivos de las comunidades negras, especialmente en el Pacífico, incluyendo la titulación de tierras colectivas y el derecho a la consulta previa. Esta ley ha sido fundamental para el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales de las comunidades afrocolombianas, aunque su implementación ha sido inconsistente.
Políticas públicas
Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024): Colombia ha adoptado medidas en el marco de este decenio, promoviendo políticas públicas para combatir la discriminación racial y fomentar la inclusión de afrodescendientes. Sin embargo, el informe de la Defensoría del Pueblo señala que estas políticas no siempre abordan la relación entre racismo y violencia estructural. Cátedra de Estudios Afrocolombianos: Propuesta como una estrategia pedagógica para cuestionar imaginarios racistas y educar sobre la historia y contribuciones de las comunidades afrodescendientes. Esta iniciativa busca combatir el "racismo en desmentida", donde se niega la existencia del racismo mientras se perpetúan sus efectos. Comisión Interinstitucional contra el Racismo: Recomendada por expertos para coordinar esfuerzos estatales contra el racismo, aunque su implementación sigue siendo un desafío. Políticas locales: En ciudades como Medellín, se han desarrollado políticas públicas con enfoque diferencial para reducir la brecha de desigualdad que afecta a las comunidades afrocolombianas, aunque se critica su alcance limitado.
Jurisprudencia
Sentencia C-194 de 2013: La Corte Constitucional analizó la constitucionalidad de la Ley 1482 de 2011, concluyendo que no requería consulta previa por su carácter general, pero reafirmó la importancia de proteger a las comunidades étnicas contra la discriminación. Sentencia T-470 de 2024: Esta sentencia generó controversia al revocar el amparo a la consulta previa para una estación guardacostas en la isla Gorgona, lo que fue interpretado como un retroceso en los derechos de las comunidades afrodescendientes. Críticos argumentan que refleja un racismo estructural en el sistema judicial, al priorizar intereses militares sobre los derechos territoriales de las comunidades negras. Análisis de la Corte Constitucional (1992-2020): La Corte ha abordado casos de discriminación racial, reconociendo la necesidad de medidas afirmativas para proteger a comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Sin embargo, se señala que los esfuerzos no siempre se traducen en cambios estructurales efectivos.
Limitaciones y críticas
A pesar de los avances, las políticas públicas y la jurisprudencia enfrentan desafíos:
Falta de implementación efectiva: Muchas leyes, como la Ley 70, no se han implementado completamente, dejando a las comunidades sin acceso real a sus derechos. Negación del racismo: El "racismo en desmentida" dificulta el reconocimiento del problema, lo que limita la efectividad de las políticas públicas. Enfoque limitado: Las políticas suelen centrarse en medidas generales y no abordan la intersección entre racismo y violencia estructural o conflicto armado. Retrocesos judiciales: Fallos como la Sentencia T-470 de 2024 muestran contradicciones en la protección de derechos étnicos, reforzando percepciones de racismo estructural en el sistema judicial.
Conclusión
El racismo estructural en Colombia es un problema profundamente arraigado que perpetúa desigualdades en múltiples ámbitos, afectando especialmente a las comunidades afrocolombianas e indígenas. Si bien la Constitución de 1991, leyes como la 1482 de 2011 y la Ley 70 de 1993, junto con esfuerzos en políticas públicas y jurisprudencia, han buscado combatirlo, persisten desafíos significativos en su implementación y en el abordaje de las dinámicas de violencia estructural. Recomendaciones como la creación de una Comisión Interinstitucional contra el Racismo y la promoción de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos podrían fortalecer los esfuerzos, pero requieren un compromiso sostenido del Estado y la sociedad para desmantelar las estructuras racistas heredadas del pasado colonial.
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