La Batalla Cultural Y Los Neofascismos: Origen, Sentido Y Función SocialCristian Beltrán Barrero IntroducciónEl concepto de "batalla cultural", aunque presente a lo largo de la historia humana como la disputa por la hegemonía del sentido común, ha adquirido una relevancia crítica y una mutación cualitativa en la era contemporánea. Lejos de operar como un mero intercambio ideológico o un debate democrático sobre valores, la batalla cultural ha sido reconceptualizada por las nuevas extremas derechas y el tecnofascismo como un dispositivo estratégico de ingeniería social. Su propósito central no es convencer, sino disciplinar: busca deshumanizar a la otredad, erosionar las conquistas históricas de los movimientos populares, vaciar de contenido el lenguaje jurídico-político y despolitizar las luchas colectivas mediante la saturación mediática y el pánico moral. Para comprender la densidad de este fenómeno, es imperativo rastrear su genealogía en la pregunta medular de la modernidad política: el origen de la desigualdad social y las respuestas divergentes formuladas desde la Ilustración y la Revolución Industrial. Mientras el pensamiento progresista ha demostrado que la desigualdad es una construcción histórico-social susceptible de ser transformada mediante políticas de redistribución y reconocimiento, las corrientes reaccionarias han diseñado un abanico de hipótesis —iusnaturalistas, eugenésicas, conspirativas, neoliberales y segregacionistas— orientadas a naturalizar la brecha material. En la coyuntura actual, ante la confluencia de las luchas sociales (feministas, ambientalistas, campesinas, étnicas y LGBTIQ+), la ultraderecha ha desplazado la discusión de las estructuras económicas hacia el terreno de los pánicos identitarios. El presente ensayo examina la estructura, los mecanismos y los ejes transversales de esta estrategia neofascista, demostrando cómo la captura del sentido común opera como la condición de posibilidad para el blindaje institucional de los privilegios y la imposición de un orden autoritario.
Desde la Revolución Industrial y la Ilustración, el pensamiento político occidental se estructuró en torno a dos preguntas fundamentales: ¿Cuál es el origen de la desigualdad social? y ¿Cómo se soluciona?. Mientras la producción de riqueza se multiplicaba, la brecha entre sectores acomodados y sectores desposeídos se profundizaba. Ante esta realidad, emergieron dos grandes visiones:
Frente a la articulación del progresismo contemporáneo —que ha logrado unificar demandas históricas (laborales, feministas, abolicionistas) con luchas emergentes (ambientalismo, animalismo, decolonialidad)—, la extrema derecha y el tecnofascismo han estructurado en respuesta lo que ellos llaman la "batalla cultural". Su objetivo central es desplazar la discusión sobre las condiciones materiales de existencia y la acumulación de riqueza, trasladando el conflicto al terreno de los valores y la moralidad. De este modo, buscan deslegitimar socialmente los principios progresistas antes de que puedan consolidarse como marcos legales o institucionales.
La batalla cultural neofascista funciona como un distractor estructural: convence a sectores de la población de que el verdadero problema radica en los discursos de inclusión y no en las reglas de juego económicas e institucionales que perpetúan la concentración del poder. Al convertir la política en una confrontación moral y tribal, el neofascismo busca blindar el statu quo y evitar cualquier debate sobre la redistribución o la ampliación de la ciudadanía.
La batalla cultural neofascista otorga un papel prioritario a la censura y resignificación del lenguaje, enfocándose específicamente en aquel con alcance e implicaciones jurídico-políticas:
Surgida como una reacción homofóbica frente a los avances de la comunidad LGBTIQ+, la retórica neofascista ha evolucionado hacia un entramado doctrinal que integra posturas misóginas, racistas, supremacistas y misantrópicas. Apoyándose en teorías conspirativas —como la supuesta «agenda woke» o el «gran reemplazo»— y en corrientes radicales como la Ilustración Oscura (Dark Enlightenment) o el aceleracionismo de extrema derecha, este sector promueve la censura y la negación de la diversidad identitaria. Bajo estos discursos subyace un retorno al determinismo biológico y al darwinismo social. Su propósito no se limita a impugnar la diversidad sexual, sino que busca desmantelar la identidad de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, poblaciones rom, raizales, sectores campesinos y cualquier colectivo que diste del modelo hegemónico.
La defensa de la identidad ha dejado de ser una demanda sectorial para convertirse en una causa transversal e intersubjetiva del movimiento progresista. Frente a la pluralidad, el neofascismo busca suprimir las particularidades culturales y políticas para imponer un sujeto social uniforme:
Un eje transversal en la agenda neofascista consiste en cuestionar la calidad de «sujeto de derechos» de diversos colectivos. Esta desestabilización persigue un doble propósito: por un lado, despoja de protección a las poblaciones vulneradas; por otro, invalida las luchas e itinerarios históricos que permitieron el reconocimiento de sus garantías institucionales. Al poner en duda si colectivos como la comunidad LGBTIQ+, los sectores campesinos o las minorías étnicas son titulares plenos de derechos, se erosionan los consensos democráticos alcanzados. Esta estrategia busca preservar y blindar privilegios históricos sin asumir el costo político de una confrontación directa, desplazando el conflicto al plano normativo y axiológico.
La estrategia de deshumanización opera de manera gradual, instrumentalizando el concepto de homo sacer —aquél a quien se puede privar de derechos con la aprobación del cuerpo social— mediante un recorrido táctico bien definido:
Frente a esta dinámica de erosión de garantías, el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos se erige como un límite infranqueable. La pérdida de la condición de sujeto de derechos para cualquier grupo —incluso para quienes han cometido delitos— sienta un precedente que vulnera la seguridad jurídica y la convivencia democrática. Blindar la dignidad de todo ser humano, sin excepción, constituye la barrera fundamental para evitar la normalización de la violencia institucional y la consolidación de proyectos autoritarios.
La estrategia neofascista busca desplazar la prioridad de las condiciones materiales de existencia para enfocar el debate en una disputa moral e ideológica. A través del uso intensivo del aparato mediático, la desinformación y la distorsión del lenguaje, persigue alterar la jerarquía de valores de la sociedad, presentando como deseable lo que históricamente se ha considerado regresivo. Mediante este proceso de reconfiguración cultural, principios democráticos fundamentales como la paz, la empatía, la equidad o la dignidad son etiquetados como indeseables o ineficaces. En su lugar, se promueve la adopción de una ética basada en el conflicto, la exclusión y la deshumanización, presentándolas como normas de conducta legítimas y socialmente necesarias.
Esta transformación de los referentes morales persigue dos resultados estructurales coordinados:
Un pilar transversal en la estrategia de la batalla cultural neofascista es el despliegue de un negacionismo multidimensional. No se trata de la omisión aislada de un hecho histórico, sino del borrado sistemático de múltiples dimensiones de la realidad política, social y económica para impedir cualquier análisis estructural del presente:
Este negacionismo se complementa con la instrumentalización de una memoria selectiva. La narrativa neofascista no borra el pasado en su totalidad, sino que efectúa un triaje ideológico orientado a rescatar exclusivamente aquellos fragmentos que respaldan sus posiciones y justifican su modelo de dominación:
Conclusiones
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jueves, 10 de septiembre de 2026
La Batalla Cultural Y Los Neofascismos: Origen, Sentido Y Función Social
lunes, 7 de septiembre de 2026
La Ilusión de la Nutrición: Por qué los productos ultraprocesados no son alimentos y el imperativo de su regulación fiscal
La Ilusión de la Nutrición: Por qué los productos ultraprocesados no son alimentos y el imperativo de su regulación fiscalCristian Beltrán Barrero IntroducciónLos impuestos no existen en un vacío abstracto, sino dentro de una realidad social y biológica que los justifica. En un Estado social de derecho, la legislación tiene el deber ético de fundamentarse en el conocimiento científico riguroso y en el estado del arte de la medicina moderna, garantizando una gobernanza justa que priorice el bienestar común sobre los intereses económicos particulares. Bajo esta premisa, la noción contemporánea de "alimento" atraviesa una profunda crisis conceptual. La proliferación masiva de formulaciones industriales hiperpalatables ha desdibujado la frontera entre la nutrición biológica y la ingeniería química. Sostener que los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas no son alimentos no es un dogma ni una postura ideológica; es una conclusión axiomática respaldada por la bioquímica, la epidemiología y la salud pública contemporánea. Un alimento auténtico no es la simple suma analítica de macronutrientes, sino una matriz biológica integrada cuya función primaria es la sustentación de la vida y el equilibrio metabólico. Los ultraprocesados, por el contrario, son artefactos diseñados para el consumo, no para la nutrición.
Desde la física y la bioquímica alimentaria —área respaldada por investigadores como Anthony Fardet—, la estructura celular original conocida como matriz alimentaria resulta determinante para la respuesta endocrina y digestiva del organismo. En los ultraprocesados, el procesamiento industrial extremo mediante extrusión, refinado térmico y síntesis fraccionada destruye por completo esta matriz. El resultado es un conjunto de aislados moleculares (almidones modificados, jarabe de maíz de alta fructosa y proteínas aisladas) reconstituidos mediante aditivos cosméticos —colorantes, texturizantes y saborizantes— cuyo único fin es simular las propiedades organolépticas de la comida real. El marco epidemiológico del Sistema NOVA, desarrollado en la Universidad de São Paulo por Carlos Monteiro y adoptado por la OMS, la OPS y la FAO, clasifica a estos artefactos en su Grupo 4: no como alimentos, sino como formulaciones industriales de sustancias derivadas. Su objetivo comercial no es nutrir, sino reemplazar la comida fresca mediante combinaciones científicamente calibradas de azúcares, grasas y sodio. Diseñados bajo la premisa del bliss point (o punto de felicidad), estos productos están formulados para sobrepasar los mecanismos neurobiológicos de saciedad y desencadenar un sobreconsumo involuntario.
Dentro de esta categoría, las bebidas azucaradas (gaseosas, tés empaquetados y jugos industriales) representan la expresión más severa de disrupción fisiológica. Al ser soluciones acuosas de azúcares libres desprovistas de fibra, proteínas o micronutrientes, evaden el vaciado gástrico gradual, ingresando de golpe al intestino delgado y provocando picos desproporcionados de glucosa e insulina. Desde la hepatología y la endocrinología, investigaciones lideradas por Robert Lustig han demostrado que la fructosa disuelta en matriz líquida actúa como una toxina metabólica dosis-dependiente. El hígado metaboliza la fructosa de forma masiva mediante lipogénesis de novo, saturando la capacidad de fosforilación hepática y derivando en la acumulación de triglicéridos, resistencia a la insulina e hiperuricemia. Sumado a esto, la ingesta líquida de calorías no activa de forma oportuna las hormonas de la saciedad (como la leptina y el péptido YY); por ende, el organismo no compensa estas calorías reduciendo la ingesta posterior, forzando un balance energético positivo e insostenible.
La exposición continuada a estas formulaciones desencadena una cascada de Enfermedades No Transmisibles (ENT) que deteriora de manera multisistémica el cuerpo humano:
El costo derivado de atender las patologías causadas por estas formulaciones desborda la capacidad financiera del Estado. Las patologías que generan no son eventos fortuitos, sino daños predecibles cuyas consecuencias financieras terminamos asumiendo todos los ciudadanos. Investigaciones del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), el Ministerio de Salud y la OPS cuantifican la presión sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia en cifras alarmantes:
A este colapso financiero directo se suman los costos indirectos por pérdida de productividad, invalidez laboral temprana y muertes prematuras en población joven, lo que socava el desarrollo socioeconómico del país.
Frente a esta colosal externalidad negativa, la implementación de impuestos saludables a ultraprocesados y bebidas azucaradas (materializada en Colombia mediante la Ley 2277 de 2022) responde a un principio básico de fisiología económica. Dado que estos productos poseen una demanda elástica al precio, la tarifa tributaria incrementa el precio final de venta, desencadenando dos respuestas clave:
Esta intervención genera un doble dividendo: reduce la incidencia de patologías crónicas —aliviando la presión operativa y financiera del SGSSS— y recauda fondos que pueden reorientarse hacia la infraestructura sanitaria y la seguridad alimentaria. El impuesto a los ultraprocesados no es un castigo al consumidor ni una injerencia arbitraria; es la corrección técnica de una falla de mercado que internaliza en el precio el costo social y médico que, de otro modo, la sociedad entera termina pagando en las salas de urgencias. ConclusionesLa evidencia científica y epidemiológica exige una reevaluación ontológica del concepto de alimento. Los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas no pueden continuar bajo la misma categoría legal y social que la comida real; son formulaciones industriales que destruyen la matriz biológica, eluden los mecanismos metabólicos de saciedad y provocan una sobrecarga hepática e inflamatoria destructiva. Esta degradación nutricional genera una epidemia de Enfermedades No Transmisibles y un costo financiero insostenible para el sistema de salud en Colombia. La regulación fiscal no constituye un exceso regulatorio, sino un imperativo de salud pública y de racionalidad económica. A partir de este análisis, se derivan tres conclusiones fundamentales:
Legislar con base en el estado del arte científico no es una opción; es un deber constitucional. Desincentivar el consumo de ultraprocesados mediante herramientas tributarias constituye un acto de soberanía sanitaria indispensable para garantizar la viabilidad del sistema de salud y proteger el derecho fundamental a la vida de las presentes y futuras generaciones. |