¿Qué le espera a Colombia con Abelardo de la Espriella?

¿Qué le espera a Colombia con Abelardo de la Espriella? Un análisis crítico de los riesgos de un posible gobierno de ultraderecha Cristian Beltrán Barrero I. RESURRECCIÓN DEL PARAMILITARISMO 1. De la "Seguridad Democrática" a la "Seguridad Total" sin filtros 2. El desmantelamiento definitivo de la arquitectura de paz 3. El trasfondo histórico y sus antiguos clientes 4. Una retórica de "Guerra Cultural" y Polarización Absoluta II. EL EXTERMINIO DE LA IZQUIERDA 1. El impacto de las palabras: De la metáfora al exterminio histórico 2. El paralelo con Laureano Gómez y la "Guerra Cultural" 3. La legitimación institucional de la fuerza III. CONSOLIDACIÓN DE LA NARCOCRACIA 1. El historial de clientes y la "zona gris" penal 2. Los señalamientos de exnarcotraficantes y el caso de alias 'Boliche' 3. La propuesta de "amnistía de capitales ilegales" IV. RECRUDECIMIENTO DE LOS FALSOS POSITIVOS 1. La propuesta de cerrar la JEP y tumbar los macrocasos de ejecuciones 2. El regreso de los incentivos y la doctrina de la "Mano de Hierro" 3. El apoyo explícito del "Uribismo Puro" 4. El discurso de negacionismo frente al tribunal de paz V. DESPOJO DE TIERRAS, DESAPARICIÓN FORZADA, DESPLAZAMIENTO FORZADO. 1. La retórica de "limpieza" y la carga de los símbolos históricos 2. El freno a la restitución y el retorno del despojo de tierras 3. El desmantelamiento de la búsqueda de personas desaparecidas 4. El peligro de un Estado de Excepción Permanente VI. PRIVATIZACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 1. Educación: El subsidio a la demanda y el temor por la universidad pública 2. Salud: El retorno al aseguramiento privado y el fantasma del duopolio 3. Pensiones y conflictos de interés familiar 4. De derechos a mercancías: El Estado mínimo VII. MATANZA CONTRA EL DIFERENTE 1. La literalidad del lenguaje de aniquilación y su efecto social 2. La apología de la fuerza y la "Mano de Hierro" sin concesiones 3. La canalización del resentimiento y el desprecio por el pluralismo VIII. EL DESEO DE SANGRE DE LOS ELECTORES QUE SE SIENTEN REPRESENTADOS 1. La catarsis del odio y la venganza social 2. El "enemigo absoluto" y la deshumanización del diferente 3. El cansancio democrático y el culto a la violencia punitiva 4. El fascismo social y el punitivismo como identidad INTRODUCCIÓN En medio de una de las campañas electorales más polarizadas de la historia reciente de Colombia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputan la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026. Amplios sectores de defensores de derechos humanos, víctimas del conflicto y académicos críticos alertan sobre graves riesgos democráticos y humanitarios. En este texto busco sistematizar, de manera estructurada y rigurosa, los principales temores que suscita la posible llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República. Lejos de ser meras especulaciones, estos argumentos se sustentan en su trayectoria profesional, su discurso de campaña, sus propuestas de gobierno y el contexto histórico y político del país. A través de ocho ejes centrales, examino el temor compartido por importantes sectores de la sociedad colombiana: que un gobierno de De la Espriella represente no solo un giro ideológico hacia la derecha, sino una regresión profunda hacia prácticas autoritarias, la desinstitucionalización de la paz y la mercantilización de derechos fundamentales. RESURRECCIÓN DEL PARAMILITARISMO Esta lectura del panorama político, especialmente hoy que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda acaban de pasar a la segunda vuelta presidencial, toca una de las fibras más sensibles y polarizadas del debate electoral en Colombia. El argumento de que una presidencia de De la Espriella representaría una "resurrección recrudecida 3.0" del proyecto de Álvaro Uribe (después de lo que sectores de izquierda consideraron el "Uribe 2.0" con Iván Duque) no surge de la nada. Proviene principalmente de sectores de defensores de derechos humanos y académicos críticos de la derecha. Las razones por las cuales estos sectores sostienen que su gobierno sería un proyecto similar al de la época del "uribismo duro", pero "mil veces peor" o más radical, se dividen en cuatro ejes principales: De la "Seguridad Democrática" a la "Seguridad Total" sin filtros El eje central de la crítica radica en la propuesta bandera de De la Espriella: una "remasterización 2.0" de la Seguridad Democrática. Bajo Uribe: El proyecto original de seguridad de los años 2000 se dio en el marco de un conflicto armado tradicional contra las guerrillas y un proceso de desmovilización paramilitar (Justicia y Paz) que estuvo rodeado de enormes controversias, violaciones a los derechos humanos y el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales ("falsos positivos"). El temor con De la Espriella: Sectores críticos argumentan que el abogado no tiene el lenguaje institucional que en su momento manejaba Uribe o Duque. Al autodefinirse como un outsider de ultraderecha con una retórica explícita de "mano dura" (inspirada en Nayib Bukele), sus detractores temen que esa "remasterización" debilite las garantías constitucionales y judiciales. El miedo es que la persecución civil y militar no tenga los contrapesos que mal que bien operaron en el pasado. El desmantelamiento definitivo de la arquitectura de paz Uno de los puntos que más alarma a la izquierda es la promesa abierta de De la Espriella de cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y dar por terminadas las políticas de "Paz Total" del gobierno de Gustavo Petro. El contraste: Mientras que el gobierno de Uribe intentó reformar o criticar las concesiones a las guerrillas, y Duque mantuvo una postura de "paz con legalidad" (criticando la JEP pero manteniéndola bajo los compromisos del Estado) De la Espriella propone una ruptura radical. Para los defensores del Acuerdo de Paz de 2016, esto significaría revivir la época de la confrontación total y dejar en la impunidad o en el limbo jurídico los procesos de verdad que tocan tanto a exguerrilleros como a agentes del Estado y terceros civiles. El trasfondo histórico y sus antiguos clientes El argumento de la "resurrección paramilitar" también se alimenta del pasado profesional de De la Espriella como abogado penalista. Durante los años de la "Parapolítica", defendió a polémicos personajes de la vida pública y, en su momento, tuvo cercanía con procesos de desmovilización de las AUC. Sus críticos asocian su figura con los sectores de poder terrateniente y empresarial que históricamente fueron señalados de apoyar y simpatizar con el proyecto contrainsurgente de las autodefensas. El temor de la población (representada en su rival de balotaje, Iván Cepeda, quien ha sido históricamente una de las voces que más ha denunciado los nexos del paramilitarismo) es que su llegada al poder signifique una legitimación de esos sectores desde la Casa de Nariño. Una retórica de "Guerra Cultural" y Polarización Absoluta A diferencia de Álvaro Uribe, quien basaba gran parte de su poder en el control del partido tradicional, el conocimiento milimétrico del Estado y los consejos comunales, De la Espriella opera bajo las lógicas de la nueva derecha global (estilo Trump o Milei). Los sectores que rechazan su candidatura afirman que es "peor" porque no busca el consenso institucional, sino que valida un discurso abiertamente confrontativo contra las minorías, el enfoque de género y la izquierda, a la que califica de "tiranía o neocomunismo". El riesgo existente es una polarización violenta en las calles, especialmente después de que él mismo advirtiera en campaña que si la izquierda radical intentaba "incendiar el país", bajo su era ("la era del tigre") eso no sería posible, sugiriendo una respuesta de fuerza civil y estatal sin precedentes. EL EXTERMINIO DE LA IZQUIERDA Este miedo refleja los temores más profundos y extremos de los sectores de defensores de derechos humanos y académicos críticos en Colombia ante la posibilidad de un gobierno de Abelardo de la Espriella. La comparación con el genocidio de la Unión Patriótica (UP) de los años 80 y 90, o con la época de La Violencia partidista de los años 50 bajo el espíritu radical de Laureano Gómez, nace precisamente del impacto que ha causado la retórica de campaña del candidato. La expresión literal de "destripar" o "erradicar" a la izquierda encendió todas las alarmas en el debate público. Las razones por las cuales sus detractores sostienen este alarmante diagnóstico se fundamentan en tres análisis principales: El impacto de las palabras: De la metáfora al exterminio histórico Cuando un candidato presidencial utiliza términos de fuerte carga biológica o violenta como "destripar" o "extirpar" en el contexto de la política colombiana, el peso de la historia cambia el significado de las palabras. El temor de la población: Este tipo de lenguaje funciona como una "licencia implícita". Históricamente en Colombia, cuando los líderes de las esferas de poder estigmatizan radicalmente a un sector político, las bases armadas ilegales (como los paramilitares en el pasado) lo interpretan como un permiso o una orden para asesinar. De ahí el temor a que se repita la tragedia de la UP, en el que el discurso de la "combinación de todas las formas de lucha" fue usado para justificar el exterminio de miles de militantes de izquierda. El paralelo con Laureano Gómez y la "Guerra Cultural" La comparación con la década de 1950 y el gobierno de Laureano Gómez no es casual. Gómez veía al liberalismo y al comunismo como "males absolutos" que amenazaban la civilización católica y los valores tradicionales, lo que justificó una persecución institucional y civil implacable. Sectores intelectuales ven en De la Espriella un heredero de ese "laureanismo" adaptado al siglo XXI. Su discurso fuertemente enfocado en la religión ("Dios vuelve a las aulas"), la defensa de la familia tradicional frente a agendas progresistas, y su narrativa de "guerra total" contra lo que denomina el "neocomunismo" o "la tiranía de izquierda", se lee desde la oposición como el preludio de una nueva Violencia partidista, donde el rival político deja de ser un contradictor legítimo y pasa a ser un enemigo que debe ser destruido. La legitimación institucional de la fuerza El tercer pilar del argumento es el temor a un "autoritarismo competitivo" o dictadura legal. Los críticos señalan que si un gobernante llega al poder con la promesa de "mano de hierro" y bajo la idea de que el país está en un abismo moral, los mecanismos de control del Estado se pueden desbordar. El miedo no es solo que regresen dinámicas de violencia paramilitar clandestina, sino que el propio Estado, a través de las Fuerzas Militares y la Policía, ejecute una represión abierta contra la protesta social, los partidos de oposición y los movimientos comunitarios bajo la bandera de la "seguridad nacional" y la lucha contra el terrorismo. CONSOLIDACIÓN DE LA NARCOCRACIA El argumento de que una presidencia de Abelardo de la Espriella consolidaría a Colombia como una "narcocracia" es una de las acusaciones más graves y recurrentes que provienen de sus contradictores políticos, periodistas investigativos de izquierda y sectores de oposición. En el contexto de la actual campaña hacia la segunda vuelta presidencial, este debate se ha intensificado debido a revelaciones periodísticas recientes sobre su entorno y a su propio historial profesional. Quienes defienden esta tesis se basan en tres puntos principales, los cuales configuran el núcleo de la desconfianza hacia el candidato: El historial de clientes y la "zona gris" penal El primer pilar del argumento se basa en su larga e indiscutible trayectoria como abogado defensor de algunas de las figuras más polémicas del país. De la Espriella construyó su fama y su fortuna defendiendo en los tribunales a jefes paramilitares (como alias 'Macaco'), a señalados testaferros (como Álex Saab) y a personas vinculadas con economías ilegales. La crítica: Sus detractores señalan que un abogado que ha vivido de los millonarios honorarios de la defensa de la criminalidad organizada y el narcotráfico carece de la distancia moral necesaria para combatirlos desde la jefatura del Estado. Temen que su llegada al poder signifique la captura institucional del aparato judicial para favorecer los intereses de esos sectores económicos históricos. Los señalamientos de exnarcotraficantes y el caso de alias 'Boliche' La acusación de que él mismo es un narcotraficante o lavador de activos se alimenta directamente de testimonios de antiguos capos y de investigaciones judiciales en el exterior. Las menciones de la mafia: En diferentes momentos, exmiembros del narcotráfico clásico del Caribe (como el entorno del 'Mono Abello' o jefes de las AUC) han mencionado supuestos movimientos de dinero hacia sus firmas. No obstante, el golpe más reciente a su campaña provino de una investigación en Estados Unidos que vincula a su firma de abogados en Miami con Jorge Luis Hernández Villazón, alias 'Boliche' (un exnarcotraficante que se convirtió en informante de las autoridades federales). El nexo bajo la lupa: Los fiscales en Estados Unidos han señalado a un socio directo de De la Espriella como "cómplice no acusado" en una trama para cobrar altas sumas de dinero a otros narcotraficantes a cambio de falsas promesas de arreglos judiciales. Para la oposición, la aparición de fotografías y transacciones que conectan la firma del candidato con alias 'Boliche' es la prueba reina de que su estructura no es solo política, sino que roza los negocios de las mafias transnacionales. La propuesta de "amnistía de capitales ilegales" Otro elemento que sus críticos usan para hablar de una "narcocracia" es una polémica propuesta económica que el propio De la Espriella planteó durante la campaña. El candidato propuso legalizar el 10% de los capitales ilegales derivados del narcotráfico y la minería ilegal que hoy están ocultos en el país, bajo la condición de que entreguen el 90% restante al Estado y paguen tres años de cárcel sin extradición. La interpretación de la izquierda: Sectores de oposición afirman que esta propuesta es, en la práctica, un mecanismo de lavado de activos a escala nacional diseñado a la medida de sus antiguos clientes. Sostienen que permitir la inyección de esos dineros en la economía formal, bajo el control de su gobierno, legitimaría definitivamente el poder de las mafias en la estructura estatal. RECRUDECIMIENTO DE LOS FALSOS POSITIVOS El argumento que vincula una eventual presidencia de Abelardo de la Espriella con la consolidación o el resurgimiento de la dinámica de los "falsos positivos" (ejecuciones extrajudiciales) es uno de los debates centrales y más álgidos de la actual campaña hacia la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. La cifra de falsos positivos revelada por la JEP es de la mayor gravedad: tras las recientes actualizaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Macrocaso 03, el tribunal acreditó que la cifra oficial de víctimas de este horror asciende a 7.837 personas entre 1990 y 2016, concentrándose la inmensa mayoría (más de 7.000 casos) en el periodo de la Política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Para los sectores de izquierda —liderados en esta contienda por su rival de balotaje, Iván Cepeda—, así como para defensores de derechos humanos y colectivos de víctimas como MAFAPO, la candidatura de De la Espriella representa una alerta máxima por cuatro razones fundamentales: La propuesta de cerrar la JEP y tumbar los macrocasos de ejecuciones El argumento principal se basa en una de las promesas bandera del plan de gobierno de De la Espriella: eliminar de forma definitiva la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La lectura de los críticos: La JEP es el tribunal que logró desenterrar la verdadera magnitud de los falsos positivos (elevando la cifra documentada de 6.402 a 7.837). La oposición afirma que acabar con la JEP no es solo una reforma institucional, sino un mecanismo para garantizar la impunidad de los altos mandos militares y civiles que están bajo investigación o que ya han comenzado a confesar estos crímenes. Sostienen que al desmantelar el tribunal, se sepulta la verdad y se envía un mensaje de desprotección a las víctimas. El regreso de los incentivos y la doctrina de la "Mano de Hierro" Los falsos positivos no fueron hechos aislados, sino el resultado de una doctrina que priorizaba el "body count" (conteo de cuerpos) y otorgaba incentivos (premios, vacaciones, ascensos) por bajas en combate. El temor con De la Espriella: Con su discurso de "Seguridad Total" inspirado en el modelo de Nayib Bukele, el candidato propone reactivar una ofensiva militar y policial sin precedentes contra las disidencias, el ELN y las bandas criminales. Los detractores temen que, al reinstaurar una retórica de guerra total y prometer el respaldo irrestricto y judicial a la Fuerza Pública, se revivan las presiones internas dentro del Ejército para mostrar "resultados de sangre", abriendo la puerta para que se repitan las ejecuciones ilegales de civiles bajo una fachada de legalidad. El apoyo explícito del "Uribismo Puro" Tras los resultados de la primera vuelta del 31 de mayo, la excandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció el respaldo unánime de su partido a De la Espriella. El hecho de que las bases y los líderes históricos del gobierno de Álvaro Uribe (el periodo donde se dio el pico más alto del macrocaso de ejecuciones extrajudiciales) se hayan volcado a apoyar la campaña de "Defensores de la Patria" de De la Espriella, es visto por la oposición como la prueba reina de una alianza política que busca legitimar y revivir las prácticas operacionales de los años 2000, pero con una retórica aún más radicalizada y de ultraderecha. El discurso de negacionismo frente al tribunal de paz A lo largo de su carrera y durante la campaña, De la Espriella ha mantenido una postura profundamente crítica e inquisitiva contra la JEP, alineándose con sectores que consideran que el tribunal tiene un sesgo ideológico para desprestigiar a las Fuerzas Militares. Los defensores de derechos humanos argumentan que minimizar los hallazgos judiciales de la JEP o tildar las investigaciones de "persecución contra los héroes de la patria" constituye una forma de negacionismo institucional. Advierten que un gobernante que no reconoce la existencia sistémica de estos crímenes en el pasado difícilmente implementará los controles necesarios para evitar que ocurran bajo su mandato. DESPOJO DE TIERRAS, DESAPARICIÓN FORZADA, DESPLAZAMIENTO FORZADO. El argumento que equipara un gobierno de Abelardo de la Espriella con un regreso a los capítulos más oscuros de la violencia en Colombia —como las dinámicas de despojo masivo de tierras o las desapariciones forzadas que tuvieron su símbolo en la fosa común de La Escombrera en Medellín— es el núcleo del discurso de alerta máxima esgrimido por las organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas y el sector político que lidera su rival en esta segunda vuelta, Iván Cepeda. A tres semanas de la votación definitiva del 21 de junio, este sector sostiene que la llegada del abogado a la Casa de Nariño legitimaría desde el propio Estado un modelo de persecución violenta, fundamentando su tesis en los siguientes cuatro análisis: La retórica de "limpieza" y la carga de los símbolos históricos El temor a que ocurra una "matanza" o desaparición masiva se alimenta de forma directa del lenguaje de campaña de De la Espriella, quien ha utilizado expresiones como "destripar", "extirpar" o "limpiar el país de las mafias y de la ideología de izquierda". El temor de los defensores de derechos humanos: En la historia del conflicto colombiano, la desaparición forzada (cuyas dimensiones en lugares como La Escombrera en la comuna 13 superaron los 500 cuerpos bajo toneladas de basura y escombros) ocurrió bajo narrativas de "limpieza social" y operaciones contrainsurgentes clandestinas justificadas por el discurso oficial de la época. La oposición sostiene que cuando el candidato presidencial y máximo referente ideológico de la derecha utiliza un lenguaje que deshumaniza al rival político, las estructuras criminales en las regiones lo traducen como un "cheque en blanco" para actuar con impunidad. El freno a la restitución y el retorno del despojo de tierras El despojo de millones de hectáreas de tierra a campesinos y minorías étnicas fue el motor económico del proyecto paramilitar en las décadas de los 90 y 2000. La crítica al plan de gobierno: Los sectores críticos advierten que De la Espriella representa los intereses de los grandes terratenientes y sectores ganaderos tradicionales que históricamente se han opuesto a la Ley de Restitución de Tierras (Ley 1448) y al Acuerdo de Paz. El temor es que, bajo la premisa de defender la "propiedad privada contra el modelo expropiador de la izquierda", su gobierno debilite las instituciones encargadas de devolver las tierras a las víctimas, lo que consolidaría legalmente el despojo histórico e impulsaría nuevos desplazamientos forzados en zonas de alta tensión agraria. El desmantelamiento de la búsqueda de personas desaparecidas Otro eje fundamental del argumento es el futuro de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y de la propia JEP, encargadas de desenterrar la verdad en lugares críticos del país. Sus detractores señalan que su propuesta de disolver la arquitectura de paz del 2016 paralizaría de golpe las excavaciones y búsquedas de miles de cuerpos de las víctimas de desaparición forzada. Para la izquierda, esto constituye una forma de "desaparición continuada" y de impunidad sistémica, puesto que se detendrían los procesos judiciales que obligan a los antiguos actores armados y a agentes del Estado a revelar las coordenadas de las fosas comunes. El peligro de un Estado de Excepción Permanente Los analistas de equiparan el proyecto de De la Espriella con regímenes autoritarios que instrumentalizan el aparato militar. Sostienen que, al proponer una "guerra total contra el terrorismo" y desestimar los tratados internacionales de derechos humanos en pro de la seguridad nacional, el país entraría en un escenario similar al del Cono Sur en los años 70 o a los peores años de la violencia bipartidista en Colombia, donde el uso de la fuerza del Estado mutó en represión clandestina y eliminación sistemática de líderes sociales. PRIVATIZACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES El argumento de que un gobierno de Abelardo de la Espriella mercantilizaría los derechos fundamentales y desmantelaría los pilares públicos de la educación, la salud y las pensiones representa el núcleo de las alarmas socioeconómicas encendidas por la izquierda, los sindicatos y los movimientos sociales frente a su paso a la segunda vuelta presidencial. Quienes sostienen esta tesis advierten sobre el riesgo de un modelo neoliberal radicalizado, cruzado con lógicas de capitalismo de compadrazgo o corporativismo familiar. Los argumentos de los sectores críticos frente a cada uno de estos componentes se desglosan a continuación: Educación: El subsidio a la demanda y el temor por la universidad pública El temor al cierre o desfinanciamiento de las universidades públicas (como la Universidad Nacional o la Universidad del Valle) se fundamenta en la afinidad ideológica de De la Espriella con las propuestas de la nueva derecha global, especialmente el modelo de vouchers o la "vía Milei". La lectura de los críticos: La oposición argumenta que el plan de "Defensores de la Patria" busca reemplazar el subsidio a la oferta (dar presupuesto directo a las universidades del Estado) por el subsidio a la demanda (entregar un bono o crédito al estudiante para que elija dónde estudiar). Los sectores estudiantiles sostienen que esto ahogaría financieramente a la universidad pública hasta forzar su cierre o privatización de facto, trasladando los recursos públicos hacia el negocio de la educación privada. La tesis de que se cerrarían las universidades públicas y el Estado financiaría únicamente a las privadas se basa en la propuesta de implementar el modelo de subsidio a la demanda (vouchers o bonos educativos). Los argumentos que sostienen esta alarma son: Desfinanciamiento estructural: Al dejar de girar presupuesto directo a la base presupuestal de universidades como la Nacional o la del Valle, y condicionar los recursos a los bonos que lleven los estudiantes, los críticos argumentan que las instituciones públicas no podrían sostener sus campus, laboratorios, plantas docentes ni programas de investigación, llevándolas a la quiebra técnica. Traslado de recursos públicos al sector privado: El presupuesto estatal destinado a la educación superior terminaría indexado directamente a las matrículas de las universidades privadas. Para los movimientos estudiantiles, esto constituye una privatización del gasto público, convirtiendo un derecho garantizado por el Estado en un negocio donde el estudiante es un cliente con un cupón de descuento. Salud: El retorno al aseguramiento privado y el fantasma del duopolio El debate sobre la salud es sumamente álgido tras los intentos de reforma del gobierno saliente. De la Espriella ha planteado un retorno al modelo de aseguramiento basado fuertemente en la gestión privada de las EPS, pero con mayores controles financieros. El argumento del monopolio: Sectores que defienden la salud como un derecho público fundamental argumentan que la propuesta del candidato de "depurar" el sistema y concentrar los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) liquidaría a las EPS pequeñas o públicas. Advierten que esto terminaría concentrando el mercado de la salud en un duopolio de dos o tres mega-EPS privadas. Sostienen que, al operar bajo la lógica del lucro, estas corporaciones restringirían el acceso a tratamientos costosos, convirtiendo la salud en una mercancía accesible solo para quien pueda pagarla. Frente a la propuesta de regresar a un esquema donde los recursos públicos de la salud (la UPC) sean administrados exclusivamente por agentes privados bajo una lógica de "depuración del mercado", los sectores defensores del derecho a la salud argumentan lo siguiente: Creación de monopolios de facto: Al eliminar la red pública de atención y liquidar a las EPS medianas o pequeñas, el mercado se concentraría inevitablemente en dos o tres mega-corporaciones financieras. La rentabilidad sobre la vida: Los críticos señalan que un duopolio de EPS privadas operaría bajo la lógica de la maximización de utilidades. Al no tener competencia real ni una alternativa pública, estas empresas tendrían el poder oligopólico de restringir tratamientos, negar medicamentos de alto costo y precarizar las condiciones laborales de los médicos para proteger sus márgenes de ganancia, convirtiendo la salud en una mercancía selectiva. Pensiones y conflictos de interés familiar La acusación de que el sistema pensional sería entregado a empresas vinculadas a sus intereses personales o de su entorno familiar mezcla la crítica económica al modelo de capitalización individual con cuestionamientos a su faceta como corporativo y empresario. La crítica: La izquierda argumenta que el candidato busca echar atrás el modelo de pilares públicos para devolverle el monopolio de los ahorros pensionales a los Fondos Privados de Pensiones (AFP). El temor específico que expresa la oposición es que, dada la vasta red de negocios, firmas de inversión y empresas que el abogado y sus allegados manejan en el ámbito privado, las reformas financieras faciliten la entrada de nuevos operadores o fiduciarias vinculadas a su círculo de confianza, capturando el ahorro de los trabajadores para el beneficio de conglomerados privados específicos. El argumento de que el sistema pensional se reformaría para beneficiar a fondos privados de inversión vinculados a su entorno se fundamenta en la defensa irrestricta de la capitalización individual y el desmantelamiento de los fondos públicos. Los análisis críticos señalan: Conflictos de interés y capitalismo de compadrazgo: Al ser el candidato un hombre de negocios con una densa red de conexiones en el sector corporativo, fiduciario y de inversión, la oposición sostiene que una reforma pensional que devuelva el monopolio de las cotizaciones al sector privado facilitaría la entrada de nuevas administradoras o fondos estructurados por su círculo cercano. Especulación financiera con el ahorro ciudadano: El argumento señala que el dinero que los colombianos ahorran para su vejez dejaría de tener una función de protección social pública y pasaría a ser utilizado como capital de riesgo para financiar los proyectos económicos de grandes conglomerados privados, dejando el riesgo de la desprotección pensional enteramente sobre los hombros del trabajador. De derechos a mercancías: El Estado mínimo En términos generales, los sectores de afirman que la visión de De la Espriella reduce las obligaciones del Estado a su mínima expresión: la seguridad y la fuerza pública. Al defender la desregulación absoluta de los mercados y la reducción drástica de impuestos a los grandes capitales, los críticos aseguran que la vivienda, el agua, la salud y la vejez dejarían de ser tratados como derechos exigibles ante el Estado y pasarían a depender enteramente de la capacidad de consumo de cada individuo. En conjunto, los sectores de izquierda y los sindicatos argumentan que el trasfondo ideológico del candidato busca redefinir la Constitución de 1991, pasando de un Estado Social de Derecho a un Estado Gendarme. Bajo esta lógica argumentativa, el Estado se desprende de cualquier responsabilidad de bienestar social, delegando los derechos fundamentales al libre mercado. Quien no tenga la capacidad adquisitiva para pagar una póliza de salud, una pensión privada o una matrícula mercantilizada, quedaría excluido del sistema de bienestar, consolidando un modelo donde la dignidad humana está tasada por la capacidad de consumo. MATANZA CONTRA EL DIFERENTE El argumento de que el proyecto de Abelardo de la Espriella encarna "lo visceral" y una retórica orientada a la destrucción física o aniquilación del oponente político es la acusación más extrema formulada por sus detractores políticos, líderes de izquierda y defensores de derechos humanos en el marco de la actual campaña hacia la segunda vuelta del 21 de junio. Quienes sostienen esta tesis desde la oposición afirman que su discurso sobrepasa los límites de la contradicción democrática tradicional, fundamentando su alarma en los siguientes puntos: La literalidad del lenguaje de aniquilación y su efecto social El núcleo de este argumento se apoya en el uso explícito de expresiones biológicas y de corte violento durante su campaña, tales como la promesa de "destripar" o "extirpar" a la izquierda, o de "limpiar el país de los bandidos". La interpretación crítica: Para los defensores de derechos humanos y sectores del Pacto Histórico, estas palabras no pueden interpretarse como meras metáforas en un país con el historial de violencia de Colombia. Sostienen que este lenguaje deshumaniza al adversario político, convirtiéndolo en un "enemigo absoluto" o en una "enfermedad" que debe ser erradicada. El temor planteado es que esta retórica legitima el odio visceral en la sociedad y opera como un catalizador para que estructuras armadas e intolerantes actúen violentamente contra líderes sociales y militantes de izquierda bajo la premisa de que "el país los quiere fuera". La apología de la fuerza y la "Mano de Hierro" sin concesiones Sectores de oposición afirman que el proyecto político del candidato se alimenta del resentimiento y de la rabia acumulada de un sector de la población, canalizándola hacia una propuesta donde la única solución es la fuerza del Estado o la eliminación física del delincuente. El argumento de la "guerra permanente": Críticos y analistas señalan que, al plantear consignas como "dar de baja" de forma masiva a quienes no se sometan y al calificar de "mojigatería" los llamados a respetar los debidos procesos o los marcos de derechos humanos, el candidato está validando la lógica del "todo vale". Sostienen que esta visión descarta por completo las vías del diálogo, la justicia social o la reconciliación, y sitúa a la sociedad colombiana en un escenario donde el único objetivo gubernamental visible es la confrontación armada total y el castigo punitivo absoluto. La canalización del resentimiento y el desprecio por el pluralismo El análisis de los sectores que rechazan su candidatura concluye que su figura representa la legitimación institucional de las pulsiones más oscuras y punitivas de la sociedad. Se argumenta que el discurso de De la Espriella divide al país de manera irreconciliable entre "buenos patriotas" (quienes lo apoyan) y "bandidos o tiranos" (quienes defienden posturas progresistas o de izquierda). Al equiparar toda la corriente ideológica de oposición con la delincuencia y el terrorismo, los críticos advierten que se anula el principio básico de la democracia pluralista: la existencia legítima del que piensa diferente. Para este sector, el proyecto no busca gobernar un Estado unitario, sino aplastar una mitad ideológica en nombre de la otra, convirtiendo el odio político en doctrina oficial de gobierno. EL DESEO DE SANGRE DE LOS ELECTORES QUE SE SIENTEN REPRESENTADOS El argumento de que los electores de Abelardo de la Espriella están impulsados por el "deseo de sangre, matanza y guerra" proviene de los análisis más severos de la izquierda, la intelectualidad progresista y los defensores de derechos humanos. Tras conocerse los resultados del 31 de mayo que lo consolidaron en la segunda vuelta, estos sectores han profundizado su diagnóstico sobre la psicología de su base electoral. Para la oposición, el respaldo masivo a este proyecto no se explica únicamente por razones económicas o institucionales, sino por factores viscerales y emocionales: La catarsis del odio y la venganza social Los críticos argumentan que una parte de la sociedad colombiana arrastra décadas de traumas, frustraciones y miedos derivados del conflicto armado y la delincuencia. Según esta lectura, De la Espriella no apacigua esos sentimientos, sino que los instrumentaliza. El argumento señala que el electorado encuentra en la propuesta de la "mano de hierro" y la eliminación del enemigo una forma de catarsis. Para la izquierda, el votante radical no busca justicia bajo el debido proceso, sino venganza; un desahogo emocional que se traduce en el deseo de ver al adversario político y al delincuente "aplastados" o "dados de baja" de forma pública y ejemplarizante. El "enemigo absoluto" y la deshumanización del diferente Desde la perspectiva de los movimientos sociales, el discurso guerrerista funciona bajo la lógica de la polarización existencial: "ellos o nosotros". Los analistas críticos afirman que cuando el candidato divide el mapa entre los "buenos patriotas" y los "enemigos de la República", acostumbra a sus seguidores a ver al contradictor (líderes de izquierda, sindicalistas, manifestantes) no como un ciudadano con ideas distintas, sino como un peligro biológico que debe ser extirpado. Se argumenta que quienes lo apoyan asumen que la única forma de proteger la patria es mediante la destrucción del "otro", lo que disuelve cualquier empatía y legitima el exterminio físico o civil en el imaginario colectivo. El cansancio democrático y el culto a la violencia punitiva Otro pilar de este análisis sostiene que la base electoral de la ultraderecha sufre de un profundo desprecio por las instituciones democráticas tradicionales, a las que perciben como lentas, corruptas e ineficientes para castigar. La oposición argumenta que al preferir promesas de campaña como la construcción de 10 megacárceles y ofensivas militares sin concesiones, los votantes están respaldando activamente la violencia estatal. Para los defensores de derechos humanos, esto equivale a "querer guerra", pues implica el rechazo consciente a los acuerdos de paz, a la justicia transicional y a las soluciones estructurales de fondo, optando en su lugar por perpetuar el ciclo de sangre bajo la creencia de que la paz solo se logra aniquilando al bando contrario. El fascismo social y el punitivismo como identidad Finalmente, se argumenta desde la academia que el proyecto encarna lo que la sociología llama "fascismo social": un fenómeno donde el autoritarismo no solo viene de arriba, sino que es exigido con vehemencia por las masas desde abajo. Quienes rechazan a De la Espriella sostienen que sus seguidores canalizan su propio resentimiento social —el miedo a perder su estatus, su propiedad o sus valores tradicionales— exigiendo la eliminación del elemento transformador o progresista, convirtiendo la intolerancia visceral en su principal bandera política de cara al balotaje del 21 de junio. CONCLUSIONES La candidatura de Abelardo de la Espriella ha logrado movilizar a más de diez millones de colombianos que claman por seguridad, orden y un cambio radical frente al gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, el análisis aquí presentado muestra que, para amplios sectores de la sociedad, su llegada al poder no representa una alternancia democrática normal, sino un punto de inflexión de alto riesgo para la democracia colombiana. Los temores de resurrección paramilitar, consolidación de una narcocracia, recrudecimiento de ejecuciones extrajudiciales, despojo de tierras, mercantilización de derechos sociales y una lógica de “matanza contra el diferente” no son alarmismos aislados, sino que se construyen sobre patrones históricos, declaraciones explícitas del candidato y un estilo político que privilegia la confrontación visceral por encima del consenso institucional. Colombia se encuentra ante una encrucijada histórica. De una parte, la promesa de mano dura y eficiencia; de otra, el riesgo real de desmantelar los frágiles avances en materia de derechos humanos, justicia transicional y Estado Social de Derecho conquistados tras décadas de conflicto. Más allá del resultado electoral, el desafío mayor será si el próximo gobierno será capaz de gobernar para todos los colombianos o si profundizará la fractura social hasta convertir al adversario político en enemigo existencial. La historia de Colombia ha demostrado, con dolor, que las lógicas de exclusión, estigmatización y “limpieza” terminan cobrando un precio altísimo para toda la sociedad. La vigilancia ciudadana, la fortaleza de las instituciones, la independencia de los medios y la movilización democrática de la oposición serán determinantes para que los peores escenarios aquí analizados no se materialicen. El futuro de Colombia no depende solo de quién gane el 21 de junio, sino de cómo se ejerza el poder y hasta dónde se esté dispuesto a llegar en nombre del “orden”.