El Espejismo de la Seguridad Delegada: Análisis Constitucional, Histórico y Criminológico sobre los "Bloques de Seguridad Ciudadana" y los Límites del Poder Ejecutivo en Colombia Cristian Beltrán Barrero Introducción El debate contemporáneo sobre la seguridad urbana en Colombia ha dado un giro radical y ha adquirido una notable complejidad teórica a raíz del proyecto de conformación de los "Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana". Presentada bajo una narrativa de "mano dura" ante el supuesto deterioro del orden público regional, esta iniciativa plantea el despliegue de cuerpos civiles armados o comités de reservistas que operarían de forma paralela a la Policía Nacional y al Ejército. El Ejecutivo pretende materializar esta estrategia de choque de manera directa mediante decretos presidenciales autónomos, eludiendo deliberadamente el trámite legislativo ordinario en el Congreso de la República bajo la premisa de una acción gubernamental inmediata. Sin embargo, cuando se examina esta propuesta desde la rigurosidad técnica de la arquitectura constitucional de 1991, la criminología moderna y la justicia transicional, la iniciativa revela tensiones normativas insalvables con los pilares axiales del Estado Social de Derecho. Bajo su sofisticada apariencia de eficacia operativa, subyace un modelo de seguridad delegada que desborda la potestad reglamentaria, usurpa la reserva de ley y desmantela el monopolio legítimo de la fuerza. En el presente ensayo argumento que dicho proyecto adolece de una manifiesta inviabilidad jurídica, fractura la administración de justicia al contaminar la actividad de la policía judicial, devalúa la dignidad y moral institucional de la Fuerza Pública oficial e incurre en un millonario despropósito fiscal. Finalmente, demuestro que la propuesta padece de amnesia institucional al quebrantar el derecho fundamental a la paz, la memoria histórica y las garantías de no repetición, abriendo una peligrosa ventana de oportunidad para el mimetismo y la captura territorial por parte de bandas criminales y estructuras delictivas latentes. El Laberinto Constitucional y la Erosión de la Reserva de Ley El primer obstáculo insalvable que enfrenta la creación de estas gendarmerías civiles por vía de decreto radica en la arquitectura de la potestad reglamentaria en Colombia. En la teoría constitucional local, la regulación de los derechos fundamentales, los deberes de la ciudadanía y la estructura de la defensa nacional están estrictamente amparados bajo la cláusula general de competencia del Congreso de la República; es decir, la reserva de ley.  Sostener que el presidente posee una facultad regulatoria directa, innata o discrecional de la Carta Política para fundar un cuerpo armado de particulares constituye un equívoco técnico. Los reglamentos constitucionales u ordinarios poseen un carácter marcadamente excepcional y organizativo interno; por ende, alterar las competencias de control del orden público excede de forma radical la órbita del palacio presidencial. Cualquier pretensión de eludir el peaje legislativo ignorando el principio de separación de poderes naufragaría de inmediato ante el control del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional mediante demandas de nulidad por inconstitucionalidad. Para dotar de una mínima legalidad a una estructura de tal magnitud, el ordenamiento jurídico ha blindado los procedimientos, exigiendo transitar obligatoriamente por el Congreso a través de tres vías técnicas diferenciadas según la profundidad del cambio: La Vía del Acto Legislativo (Reforma Constitucional) Si el bloque o estructura pretende actuar de forma autónoma o estar integrado por civiles o reservistas con funciones de choque fuera del mando tradicional, la única manera legal de blindarse es modificando la propia Constitución Política de 1991 mediante un Acto Legislativo. Se requeriría reformar de manera taxativa el artículo 216 (para ampliar la composición cerrada de la Fuerza Pública e incluir este nuevo cuerpo) y el artículo 223 (para permitir que estos civiles o reservistas porten armas fuera del monopolio estricto actual). Este camino exige ocho debates parlamentarios distribuidos en dos periodos ordinarios y consecutivos (dos vueltas). En la segunda vuelta, se requiere la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara obligatoriamente. No obstante, aun si el Congreso aprobara un Acto Legislativo de este tipo, el texto se enfrentaría al examen de la Corte Constitucional bajo la teoría de la sustitución de la Constitución (el límite del "Eje Definitorio"). La Corte podría declarar la reforma inexequible al argumentar que sustituir el monopolio estatal de la fuerza o alterar el principio de separación de poderes desmantela un pilar esencial del Estado diseñado en 1991. La Vía de las Leyes Estatutarias Si la puesta en marcha de estos bloques afecta la manera en que los ciudadanos ejercen sus libertades, o si realiza tareas operativas urbanas (como patrullajes, vigilancias comunitarias, recopilación de información o inteligencia urbana, retenciones o requisas), se interfiere de manera directa con los derechos fundamentales a la libertad de locomoción, la intimidad, la presunción de inocencia y el debido proceso.  El artículo 152 de la C.P. exige obligatoriamente que cualquier norma que afecte, regule o limite derechos fundamentales sea tramitada como una Ley Estatutaria. Esta vía exige mayoría calificada de los miembros en comisiones y plenarias de ambas cámaras, restricción estricta de aprobación en una sola legislatura (un año), prohibición de trámite en sesiones extraordinarias y cuenta con revisión previa y automática de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. La Vía de las Leyes Orgánicas y Ordinarias Si la estrategia variara hacia la absorción de este cuerpo dentro de la legalidad institucional del Ministerio de Defensa, coordinado con alcaldes y gobernadores, el Ejecutivo requeriría una Ley Orgánica (Art. 151 C.P.) para reconfigurar el organigrama administrativo central de los ministerios y redistribuir las competencias de orden público entre la Nación y las regiones, modificando la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT - Ley 1454 de 2011).  Este paso requeriría un quórum de mayoría absoluta muy exigente (la mitad más uno de la totalidad de integrantes de cada célula legislativa). Posteriormente, tendría que complementarse con la modificación de leyes ordinarias especiales vigentes: Modificar el Decreto Ley 2535 de 1993 (Estatuto de Armas): Para flexibilizar el porte y permitir que ciertos comités o reservistas accedan a armamento de manera preferencial. Modificar el Decreto Ley 356 de 1994 (Estatuto de Vigilancia Privada): Para ampliar el objeto de la seguridad privada, permitiéndoles cooperar en frentes urbanos con funciones más allá de las estrictamente preventivas. Reformar la Ley 1861 de 2017 (Régimen de Reclutamiento y Reservas): Para redefinir e introducir el rol operativo de la reserva activa en tareas de patrullaje urbano de forma autónoma. Reformar la Ley 62 de 1993 (Estatuto Orgánico de la Policía): Para crear una "Dirección" o especialidad nueva dedicada exclusivamente a este bloque urbano, determinando su estructura y régimen de carrera. Resumen del Régimen de Mayorías y Complejidad en el Congreso Colombiano Tipo de Norma / Trámite Número de Debates Mayoría Requerida Restricciones Clave y Control Ley Ordinaria / Marco (Códigos, presupuesto, directrices generales) 4 debates Simple: Mitad más uno de los asistentes con quórum. Trámite en un máximo de dos legislaturas consecutivas. Control posterior por demanda. Ley Orgánica (Estructura del Estado, reglamentos, presupuesto, LOOT) 4 debates Absoluta: Mitad más uno de todos los integrantes de la corporación. Trámite en máximo dos legislaturas. Puede tramitarse en sesiones extras. Control posterior. Ley Estatutaria (Derechos fundamentales, justicia, estados de excepción) 4 debates Absoluta: Mitad más uno de todos los integrantes de la corporación. Aprobación en una sola legislatura. Prohibido en extras. Control previo, integral y automático de la Corte Constitucional. Ley de Amnistías o Indultos (Casos especiales por delitos políticos) 4 debates Calificada: Voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de los miembros. Es la mayoría decisoria más alta exigida para una ley en el ordenamiento colombiano. Acto Legislativo (Reforma Constitucional) 8 debates Vuelta 1 (1-4): Simple Vuelta 2 (5-8): Absoluta obligatoria. Dos periodos ordinarios y consecutivos. Prohibido en extras. Sin objeción presidencial. Control posterior solo por vicios de forma. La Fractura del Monopolio de la Fuerza y la Desinstitucionalización de la Justicia Desde una perspectiva de fondo, delegar o tercerizar funciones de orden público en estructuras externas a las fuerzas formales de la República fractura el principio weberiano del monopolio legítimo de la coacción. Los artículos 216 y 223 de la Constitución Política consagran de manera estrictamente taxativa y cerrada que el uso de las armas y el control del orden público recaen de forma exclusiva en la Fuerza Pública oficial.  El marco legal complementario delimita que la seguridad ejercida por particulares es estrictamente preventiva, subordinada e idónea solo para labores de apoyo complementario. Otorgar funciones operativas de control territorial a comités civiles promueve una peligrosa "balcanización" de la seguridad, atomizando el territorio en zonas de influencia donde la tranquilidad ciudadana dependería de los recursos, capacidad y sesgos ideológicos de facciones privadas locales, en detrimento de un mando presidencial unificado y neutral. Esta fragmentación de la coerción estatal repercute de manera directa e inmediata en una vulneración a la administración de justicia como función pública y derecho fundamental del Estado (Art. 228 C.P.). En la arquitectura del Estado, la persecución penal y el juzgamiento son monopolios tan estrictos como el de las armas. Esta vulneración se desglosa bajo tres dimensiones jurídicas y procesales: Usurpación de Funciones de Policía Judicial y Contaminación Probatoria El artículo 250 de la Constitución señala que la Fiscalía General de la Nación y los cuerpos con funciones permanentes de policía judicial (CTI de la Fiscalía y la DIJIN/SIJIN de la Policía Nacional) son los únicos autorizados para recaudar material probatorio, realizar capturas (salvo flagrancia), asegurar la cadena de custodia y procesar la información criminal bajo la dirección de un fiscal de la República. Si un "bloque de seguridad ciudadana" de particulares asume tareas de patrullaje urbano, retención de personas sospechosas o recopilación de datos de inteligencia en los barrios, estaría ejerciendo funciones de policía judicial encubiertas sin la competencia legal ni la formación técnica exigida. En consecuencia, cualquier prueba, señalamiento o captura que realice un cuerpo privado al margen del Código de Procedimiento Penal nace viciado de ilegalidad por violación al debido proceso (teoría del fruto del árbol ponzoñoso). Esto provocaría la inminente nulidad de los procesos judiciales y la libertad inmediata de los capturados por parte de los jueces de control de garantías, obstruyendo y debilitando la efectividad de la justicia ordinaria [Actuación Operativa de Bloque Civil]  (Patrullaje / Captura / Inteligencia sin competencia) │  ▼  [Vicio de Ilegalidad en Recaudación Probatoria] (Art. 250 C.P.) │  ▼  [Aplicación de la Regla de Exclusión / Árbol Ponzoñoso] │  ▼  [Nulidad Procesal y Libertad Inmediata del Capturado]  El Riesgo de la "Justicia Privada" y por Mano Propia La administración de justicia garantiza que cualquier ciudadano acusado sea juzgado por un juez natural, imparcial y con observancia de las formas propias de cada juicio. Al institucionalizar un bloque de civiles o veteranos armados dedicados de manera semiautónoma al control del orden público, se genera un incentivo inmediato para la justicia por mano propia. La experiencia sociológica demuestra que los cuerpos armados que operan bajo lógicas informales de "limpieza social" tienden a suplantar a los jueces: juzgan en la calle, ejecutan castigos físicos e intimidan a presuntos delincuentes sin control judicial previo, quebrando el derecho a la presunción de inocencia. Ruptura de la Responsabilidad Estatal y Conflictos de Competencia Los miembros uniformados de la Fuerza Pública son servidores públicos sometidos al control de la Procuraduría, la Fiscalía y a estrictos manuales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, respondiendo el Estado patrimonialmente por sus abusos. Al delegar el control urbano en bloques autónomos de particulares, se hace difusa la responsabilidad penal y disciplinaria. Ante una detención arbitraria o una agresión, la justicia ordinaria se enfrentaría a un muro de impunidad al no poder determinar con facilidad las líneas de mando, la legalidad del procedimiento o la identidad de los involucrados.  Además, operativamente se desataría una grave fragmentación del mando y conflictos de competencias insalvables: ¿quién coordina los cuadrantes?, ¿quién administra una escena del crimen?, ¿cómo se comparten los datos de inteligencia? Esto generaría rivalidades institucionales y un caos táctico en las calles. Desconfianza Institucional, Eficiencia Presupuestal y Falacia Operativa Más allá de las falencias constitucionales, el planteamiento de los bloques civiles comporta una severa contradicción política: se presenta discursivamente como una apología de la autoridad y de la "mano dura", pero en la práctica constituye un voto de censura implícito y un profundo desprecio hacia la institucionalidad oficial. Al sugerir que es necesario armar a ciudadanos y reservistas porque las divisiones ordinarias son insuficientes, el Ejecutivo envía un mensaje directo de desconfianza a la Fuerza Pública: "Ustedes no son capaces". Colombia cuenta con una de las Fuerzas Públicas más grandes, entrenadas y con mayor experiencia en combate del hemisferio, sumando más de 400.000 hombres y mujeres profesionales en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Sostener que para solucionar el crimen urbano se requiere de la gestión autónoma de particulares equivale a diagnosticar la inutilidad del aparato oficial.  Expertos en seguridad señalan que recurrir a este modelo es la salida simple de un gobernante que claudica ante su verdadero reto administrativo: liderar, potenciar, coordinar la inteligencia y depurar de corrupción a las instituciones legítimas dentro del marco de la ley. Desde la perspectiva técnica de la economía del gasto público en defensa, la propuesta se revela como una falacia operativa que atenta contra las economías de escala y el principio de eficiencia marginal del gasto: El Costo de la Burocracia Nueva: Construir una gendarmería paralela desde cero es un despropósito financiero. Implica desviar fondos públicos críticos para estructurar una nueva doctrina, sedes administrativas, uniformes diferenciados, manuales de funciones, sistemas de contratación independientes y una cadena de mando paralela. La Ventaja de Ampliar lo Existente: La Policía Nacional y el Ejército ya poseen toda la infraestructura montada: escuelas de formación acreditadas, centros de comando y control (CAD / C4), redes de inteligencia consolidadas, logística de intendencia, sanidad militar y un régimen de carrera establecido.  La racionalidad técnica dicta que, ante un aumento del delito, la solución estándar en las democracias occidentales es inyectar esos recursos económicos directamente a las instituciones existentes. De este modo, cada peso invertido se traduce de inmediato en un aumento de patrulleros profesionales y tecnología de investigación judicial en la calle, en lugar de diluirse en la burocracia de una entidad improvisada, evitando además debilitar la moral y el presupuesto de los policías que arriesgan su vida bajo la estricta legalidad institucional. Doctrina y Entrenamiento Profesional en Derechos Humanos: Un uniforme y un arma no hacen a un policía. La seguridad ciudadana moderna en entornos urbanos complejos exige un riguroso proceso de selección y formación técnica profunda.  Los patrulleros oficiales son entrenados en derecho constitucional, procedimiento penal, uso diferenciado de la fuerza, mediación de conflictos y Derechos Humanos. Entregar armamento y funciones de choque a un cuerpo de civiles con un entrenamiento exprés o doctrina improvisada eleva de manera exponencial el riesgo de abusos de autoridad y violaciones graves a los derechos ciudadanos. Amnesia Institucional: Memoria Histórica, Daño Simbólico y No Repetición Quizás el cuestionamiento más severo a la propuesta de los bloques civiles armados se sitúa en el plano de la memoria histórica y los compromisos de no repetición derivados del derecho fundamental a la paz (artículo 22 de la Constitución Política).  La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que la paz no es un concepto abstracto, sino un derecho que impone al Estado el deber de adoptar medidas concretas para evitar la reactivación de dinámicas de guerra, obligándolo a desmantelar —y no a crear— estructuras o figuras jurídicas que en el pasado demostraron ser catalizadores de violencia masiva. La propuesta actual padece de una preocupante amnesia institucional que lesiona este patrimonio jurídico bajo tres dimensiones esenciales: El Desprecio por el Diagnóstico Histórico y Judicial del Conflicto El pueblo colombiano y sus víctimas han invertido décadas de esfuerzo social, técnico y judicial para esclarecer las causas de la degradación de la guerra. Este diagnóstico científico se encuentra consolidado en las sentencias de justicia transicional de los tribunales de Justicia y Paz, los fallos condenatorios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (como en el emblemático caso 19 Comerciantes vs. Colombia) y el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Todos estos insumos históricos demostraron unánimemente que la delegación de funciones de seguridad en civiles (cuya genealogía se remonta a las leyes de defensa nacional de los años sesenta y se profundiza con las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, conocidas como las CONVIVIR, autorizadas mediante el Decreto 356 de 1994) fue el germen directo y la fachada legal, financiera y operativa para la gestación y expansión del paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), derivando en miles de masacres, desapariciones forzadas y despojos de tierras. Revivir un modelo de civiles armados paralelos por decreto representa una afrenta directa a ese acumulado de verdad histórica, repitiendo la misma fórmula normativa que causó la mayor degradación humanitaria del país. Hecho Argumentación Resultado Decreto 356 de 1994 (CONVIVIR)] [Fachada Legal / Inteligencia Civil] [Expansión Paramilitar (AUC)] [Propuesta Actual de Bloques por Decreto] [Mismo Diseño Estructural]  [Mismo Resultado]  La Revictimización y el Daño Simbólico Para las millones de víctimas de la violencia paramilitar y de la justicia privada, el lenguaje, la semántica y la estética de la propuesta —el uso de términos beligerantes como "bloques de defensa", "frentes urbanos" o "bloques de búsqueda específicos"— operan como un factor de revictimización inmediata.  El derecho a la memoria histórica incluye el derecho a un entorno político que respete el dolor del pasado y dignifique a los sobrevivientes. Institucionalizar corporaciones armadas que comparten el mismo ADN estructural e ideológico que los antiguos victimarios genera un profundo daño simbólico, un estado de zozobra comunitaria y la percepción de que los sacrificios históricos de las víctimas para visibilizar el peligro de las autodefensas fueron inútiles ante las decisiones del Ejecutivo. La Alteración del "Deber de Recordar" del Estado El Estado tiene la obligación de adoptar políticas públicas que fomenten una cultura de paz basada en el reconocimiento de los errores del pasado para garantizar que no se repitan. Al promover un decreto que faculta la creación de estas estructuras, el Ejecutivo subvierte este deber, sustituyendo la memoria histórica por una narrativa que romantiza o minimiza el peligro intrínseco de armar a la ciudadanía. Al hacerlo, se bloquea la transmisión intergeneracional de la memoria (el derecho de las futuras generaciones a saber qué causó la violencia), validando nuevamente una receta institucional que el país ya había juzgado, condenado y proscrito de su ordenamiento jurídico. El Incentivo Perverso: Mimetismo Criminal y Captura Territorial El impacto más alarmante y pragmático de esta iniciativa se sitúa en el ámbito de la sociología criminal. Lejos de constituir una ofensiva eficaz para neutralizar la delincuencia organizada y las bandas criminales (BACRIM), la creación de bloques de seguridad local o gendarmerías comunitarias se convierte en un arma de doble filo que ofrece la oportunidad perfecta para la legalización del crimen. En los contextos periféricos de las grandes ciudades, comunas urbanas y municipios con fuerte presencia delictiva, las organizaciones criminales y las redes de microtráfico ejercen una gobernanza criminal de facto y un control social invisible pero férreo. Si el gobierno central abre convocatorias locales para conformar y armar estos bloques ciudadanos por barrios o comunas, las primeras estructuras con la capacidad logística, el dinero, el control de los jóvenes de la zona y el monopolio de las armas para postularse en bloque son, precisamente, las bandas que ya dominan esos territorios. El Estado colombiano carece de la capacidad técnica, de inteligencia y de control administrativo para verificar minuciosamente los antecedentes, nexos y cooptaciones locales de miles de aspirantes en contextos municipales permeados por la corrupción. El trágico antecedente de las CONVIVIR ilustra cómo los filtros de selección exigidos por la ley fueron completamente desbordados o comprados: jefes paramilitares reconocidos terminaron siendo los directores legales de las asociaciones, utilizando armamento oficial y salvoconductos del Estado para cometer masacres y asegurar el control territorial de sus rentas ilícitas. De implementarse el modelo de bloques urbanos, la historia se repetiría bajo un fenómeno de mimetismo criminal, permitiendo que los delitos adquieran una preocupante apariencia de legalidad ante el ciudadano común: Matriz de Transformación y Blanqueamiento Criminal bajo la Seguridad Delegada Dimensión Operativa Práctica Criminal de Facto (Ilegalidad) Fachada Institucional y Normativa (Legalidad) Impacto Institucional y Social Financiación Coercitiva Extorsión económica al tendero, transportador y comerciante local ("Vacuna"). Maquillaje bajo el concepto de "Cuota comunitaria de seguridad" o "Aporte de sostenimiento del bloque". Legalización de la renta extorsiva; el ciudadano paga al criminal bajo coacción amparada por el entorno local. Control Social y Territorial Intimidación clandestina a líderes comunitarios, vendettas entre bandas y amenazas a jóvenes. Ejecución legítima de "Requisas de control", "Empadronamientos vecinales" y "Vigilancia comunitaria de sospechosos". Instrumentalización de la chapa estatal para neutralizar a bandas rivales y silenciar la protesta social o comunitaria. Estatus del Delincuente Mandos medios de las BACRIM operando en la clandestinidad y perseguidos por la justicia ordinaria. Ciudadanos incorporados con uniforme, carné oficial del bloque urbano y amparo de un decreto presidencial. Incentivo perverso de asimilación: Tránsito a la legalidad criminal sin necesidad de verdad, justicia, reparación ni sometimiento. Para las estructuras de delincuencia organizada, infiltrarse y mimetizarse dentro de estas nuevas corporaciones legales de seguridad no sería una derrota ante la "mano dura" del gobernante; por el contrario, representaría el negocio perfecto. Significa la oportunidad de oro para seguir delinquiendo, controlando los corredores urbanos y monopolizando las rentas ilegales, pero ahora protegidos por el presupuesto, el armamento, los salvoconductos y los decretos del propio Estado. Conclusiones Inviabilidad de la Técnica Legislativa: La pretensión de instituir "Bloques de Seguridad Ciudadana" armados mediante un decreto presidencial directo deviene en una flagrante inconstitucionalidad por exceso de potestad reglamentaria e invasión de competencias.  La Constitución de 1991 consagra la reserva de ley en materia de restricción de derechos fundamentales, asignación de competencias territoriales y uso de la coacción estatal, exigiendo de forma obligatoria el trámite de Leyes Estatutarias (Art. 152), Leyes Orgánicas (Art. 151) o Actos Legislativos de reforma constitucional ante el Congreso de la República. Contaminación de la Persecución Penal: Desde una perspectiva estrictamente procesal, la delegación de tareas operativas de orden público en un cuerpo de particulares vulnera las funciones exclusivas de policía judicial asignadas a la Fiscalía General de la Nación y a los cuerpos técnicos oficiales (CTI, DIJIN/SIJIN) bajo el artículo 250 de la C.P.  Cualquier recolección de información, requisa o retención realizada por estructuras civiles al margen del Código de Procedimiento Penal nace viciada de nulidad absoluta bajo la regla de exclusión probatoria, lo que generaría la libertad inmediata de los delincuentes capturados y la parálisis de la administración de justicia ordinaria. Menosprecio y Despropósito Fiscal: La iniciativa configura un voto de censura implícito hacia la idoneidad de los más de 400.000 profesionales que integran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, debilitando su moral institucional.  Asimismo, desde la economía del gasto público, fundar una gendarmería paralela desde cero destruye las economías de escala y atenta contra la eficiencia marginal del presupuesto del Estado. La solución técnica y económicamente viable ante la crisis delictiva exige inyectar dichos recursos directamente en la infraestructura, la tecnología y el aumento de patrulleros profesionales dentro de la doctrina institucional y centralizada ya existente. Regresión Jurídica y Convencional: En el plano de los Derechos Humanos y la justicia transicional, la propuesta representa una regresión que vulnera el derecho fundamental a la paz (Art. 22) y la cláusula convencional de garantías de no repetición.  Al replicar el mismo diseño estructural y semántico de las CONVIVIR del Decreto 356 de 1994, la política gubernamental incurre en una grave amnesia institucional, desobedece el diagnóstico científico e histórico de los tribunales de Justicia y Paz y de la Comisión de la Verdad sobre el origen del paramilitarismo, e inflige un profundo daño simbólico y revictimización a los sobrevivientes del conflicto armado. Incentivo Perverso de Captura Criminal: Desde una óptica criminológica y territorial, el modelo de bloques de defensa local se transforma en un arma de doble filo que facilita el mimetismo criminal.  En las zonas periféricas permeadas por la criminalidad, la incapacidad del Estado para filtrar los antecedentes en juntas de selección locales permitirá que las bandas delincuenciales organizadas (BACRIM) cooptar y capturen estas gendarmerías legales. De este modo, las rentas ilegales como el microtráfico y la extorsión no se erradicarían, sino que se blanquearían bajo una fachada institucional de "cuotas de seguridad", otorgándole al crimen organizado un escudo normativo, carné y armamento oficial bajo el amparo de la propia política de seguridad del Estado.