La Encrucijada De La "Paz Total" Cristian Beltrán Barrero Introducción El marco de la "Paz Total" en Colombia, concebido bajo la Ley 2272 de 2022, se presentó como una ambiciosa apuesta del gobierno de Gustavo Petro para desmantelar las estructuras criminales del país mediante el diálogo y el sometimiento judicial. Sin embargo, las filtraciones periodísticas de junio de 2026 han transformado esta política de Estado en uno de las mayores migrañas institucionales de la historia reciente.  Las revelaciones de audios que involucran al exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI), Jorge Lemus, y al excomisionado de Paz, Danilo Rueda, exponen presuntas concesiones operacionales y un incómodo cabildeo con el narcotráfico. En este ensayo analizo críticamente si dichas actuaciones representan un desborde criminal de las funciones oficiales, una instrumentalización estratégica por parte del Clan del Golfo, o una radiografía de la profunda infiltración de las mafias en las ramas del poder público colombianas. Para ello, se contrastan los hechos actuales con dos de los antecedentes históricos más complejos del conflicto nacional: la zona de despeje del Caguán y el Pacto de San José de Ralito. Los Hechos Probados Frente A La Especulación Jurídica Para evitar el reduccionismo político, es indispensable separar el ruido retórico de los indicios fácticos. No nos encontramos ante "meras sugerencias" o sospechas abstractas. La existencia de registros sonoros reales ratifica que altos funcionarios del Ejecutivo sostuvieron encuentros con intermediarios del narcotráfico (como alias "Boyaco Sinaloa").  Bajo el amparo de las facultades de acercamiento otorgadas por la Ley 2272 de 2022, se discutieron dinámicas de control territorial sumamente complejas para un Estado de derecho, orientadas en principio a consolidar el desarme del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo. Estas incluyeron el cese selectivo de operaciones militares, la suspensión de bombardeos y el repliegue de unidades de contrainteligencia de la Fuerza Pública como mecanismos para construir confianza mutua, pero que no incluía zonas de despeje ni de abandono estatal como la de San Vicente del Caguan durnate el gobierno de Andres Pastrana Arango No obstante, la oferta de estas concesiones coincide con un hecho empírico incontrovertible: la alarmante expansión del Clan del Golfo, que duplicó su pie de fuerza entre 2022 y 2026, pasando de aproximadamente 4,000 a casi 10,000 integrantes. Este crecimiento demuestra que la estructura criminal instrumentalizó y se aprovechó de la buena voluntad gubernamental para robustecer su aparato bélico, tal como pasó con las FARC durante la zona de despeje de San Vicente del Caguán.  Así mismo, no existe una prueba directa e irrefutable que vincule las órdenes personales del presidente Petro con un pacto delictivo, como sí ocurrió en el pacto de San José de Ralito, el peso de la evidencia demuestra que el problema radica en la delgada línea que separa la exploración legítima de la paz de una preocupante extralimitación de funciones por parte de sus delegados. La Paradoja Legislativa Y La Instrumentalización Criminal Uno de los puntos más agudos del debate radica en la naturaleza del estancamiento de la Ley de Sometimiento a la Justicia en el Congreso. La hipótesis de que el Clan del Golfo saboteaba activamente el proyecto se ratifica con la realidad de los audios. Teóricamente a las estructuras mafiosas les conviene un marco legal que ofreciera penas reducidas y blindaje contra la extradición, pero la evidencia sugiere que les conviene más dilatar el trámite de la ley, sabotear los esfuerzos de paz total y continuar una agenda guerrerista mucho más lucrativa para sus fines El verdadero chascarrillo institucional emerge cuando el propio aparato de inteligencia del Estado, al ver frenado el trámite legislativo, acude a un capo de la droga para que utilice sus "contactos políticos" y destrabe la ley, lo que sugiere indicios de que quienes obstruyen el trámite parlamentario obedecen a los hilos de estos mismos carteles. Este fenómeno expone una doble lectura de la degradación institucional: El Congreso bajo sospecha: Al confirmar que la mafia posee las herramientas para destrabar las votaciones en el Capitolio, el Ejecutivo valida implícitamente la vigencia de la narcopolítica. Aquellos legisladores que se oponen al proyecto quedan bajo la sospecha de actuar, no por convicción democrática, sino bajo la coacción y/o financiación de estructuras que controlan sus fortunas y fortines electorales en la periferia. El fin no justifica los medios: El error ético y legal del Gobierno consiste en renunciar a las vías constitucionales. Ante la certeza de infiltración mafiosa en el legislativo, la obligación de la DNI era la denuncia y judicialización a través de la Fiscalía, no la instrumentalización del crimen organizado para hacer lobby parlamentario en favor de la agenda oficial. La Depuración Militar: Entre La Sanación Institucional Y La Distorsión Discursiva Un eje central de discusión ha sido la salida masiva de más de 80 generales de la República desde el inicio del mandato en 2022. La narrativa de la oposición intentó dibujar este hecho como una concesión directa y previa para complacer al Clan del Golfo. No obstante, un análisis cronológico y ético desvirtúa esa simetría simplista. La remoción de los altos mandos se ejecutó de forma soberana por el Ejecutivo mucho antes de formalizar los acercamientos, motivada por la imperiosa necesidad de sanar al Ejército y a la Policía de oficiales cuestionados por corrupción, narcotráfico y nexos paramilitares. Desde la perspectiva de la alta estrategia de Estado, limpiar las instituciones es un paso previo indispensable: un aparato militar permeado por la ilegalidad es incapaz de garantizar un proceso de paz transparente, pues los mandos corruptos sabotearían los diálogos para proteger sus propias rentas ilícitas. La gravedad del escándalo actual no reside, por tanto, en la purga militar —la cual constituye un acto legítimo de transparencia— sino en la instrumentalización discursiva que de ella hicieron los opositores de la "Paz Total".  Los audios filtrados demuestran que el excomisionado Danilo Rueda y el exdirector de la DNI presentan esta reestructuración interna ante las mesas del Clan del Golfo como una muestra de transparencia gubernamental para garantizar una paz total sin la injerencia de una cúpula militar corrupta, más no como un "gesto de buena voluntad" o una concesión a su medida para generar confianza. Por lo tanto, esto es una política pública orientada a sanar las fuerzas del Estado que terminó siendo degradada por la oposición como una moneda de cambio discursiva para agradar a un cartel, lo cual no es cierto. Contrastes Históricos: El Falso Paralelo De Ralito Y La Repetición Del Espejo Del Caguán El eco de este escándalo ha revivido en la opinión pública viejos fantasmas del conflicto colombiano, obligando a trazar dos paralelismos históricos de naturaleza radicalmente distinta. El Contraste Estructural Con El Pacto De Ralito (2001) Equiparar la situación actual con la "Parapolítica" resulta histórica y estructuralmente erróneo debido a sus abismales diferencias de origen y diseño institucional: Criterio El Pacto de Ralito (2001) La "Paz Total" / Clan del Golfo (2026) Origen del proceso Clandestino e ilegal. Iniciativa privada de mafiosos y políticos para cooptar y capturar los poderes del Estado. Institucional y legítimo. Marco público emanado de una ley de la República (Ley 2272 de 2022) aprobada por el Congreso. Rol del Gobierno Opositor u omisivo. El gobierno de turno autorizó y participó; las AUC eran consideradas enemigas del orden constitucional ante la opinión pública pero fueron quienes llevaron a Alvaro Uribe Velez al poder dos veces. Director. El Ejecutivo lideraba el proceso a través de delegados oficiales buscando el desarme de la estructura. Objetivo final Compartir el poder. Legitimar el statu quo del despojo y usar el fusil para asegurar curules parlamentarias. Sometimiento. Desmantelar la banda criminal a cambio de penas alternativas y entrega de bienes ilegales. La Repetición Del Manual Estratégico: El Espejo Del Caguán (1998-2002) Si bien el proceso actual no se asemeja al de Ralito —en el que la mafia capturó al Estado—, sí encuentra un reflejo histórico exacto en la zona de despeje de San Vicente del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana.  En pocas palabras, el Clan del Golfo aplicó el mismo "manual de estrategia" que las FARC utilizaron a finales de los noventa: instrumentalizar la buena voluntad de un gobierno desesperado por consolidar la paz para conseguir un alivio u "despeje operativo" (en este caso, la parálisis selectiva de la Fuerza Pública y el repliegue de la contrainteligencia), congelar la acción punitiva del Estado y utilizar ese tiempo para expandirse, rearmarse y fortalecer sus economías ilícitas.  Al igual que ayer en el Caguán, la historia se repite con distintos actores: el grupo ilegal sale fortalecido y el Gobierno queda expuesto y debilitado políticamente. Sin embargo, este paralelo histórico abre un debate neurálgico sobre la legalidad de los procedimientos y la asimetría en la fiscalización política: Hipocresía polìtica, sobre rasero institucional: La enorme zona de despeje de 42,000 kilómetros cuadrados otorgada por Pastrana fue un acto oficial, público y amparado formalmente por decretos bajo la Ley 418 de 1997. Todo lo que allí erróneamente ocurrió se amparó en la investidura legal del Estado, por lo que constituyó un fracaso político, pero no un delito común, nadie acusó a Andrés Pastrana Arango de pertenecer a las FARC ni lo investigó ni amenazó con extraditarlo.  En contraste, lo que hoy se endilga a la "Paz Total" son los compromisos amparados bajo la ley 2272 de 2022 que de ninguna manera se comparan con la nefasta zona de despeje de San Vicente del Caguán, lo que pretende desplazar el debate de la estrategia política al código penal (prevaricato o concierto para delinquir) desnaturalizando el propósito de la paz con un doble rasero institucional. El origen de la sospecha política: A pesar de que las concesiones territoriales del Caguán fueron ostensiblemente más graves, a Andrés Pastrana —aunque fue denunciado ante la Comisión de Acusaciones por traición a la patria y sus denuncias fueron archivadas— nunca se le acusó de complicidad ideológica con la guerrilla debido a su procedencia de la élite conservadora tradicional.  En el escenario contemporáneo, la oposición instrumentaliza el pasado insurgente de Gustavo Petro en el M-19 para sembrar una sospecha tendenciosa de afinidad delictiva con el Clan del Golfo, elevando la polarización y la agresividad del debate a niveles sin precedentes. Conclusiones Primero: El escándalo derivado de las actuaciones de Rueda y Lemus no constituye un golpe de Estado ni una traición a la patria en los términos tipificados por el código penal colombiano. Representa, en cambio, una materialización de los fines del Estado, en el que el andamiaje legal de una política pública fue instrumentalizado nuevamente por los GAO (Grupos Armados Organizados) para fortalecerse desnaturalizando el propósito de los acuerdos de paz. Segundo: El caso evidencia una preocupante paradoja institucional. Acciones gubernamentales legítimas y necesarias, como la depuración de mandos militares vinculados a la corrupción para sanar las fuerzas armadas, fueron tergiversadas por la oposición para indignar a la la opinión pública haciendo creer que fueron utilizadas por los comisionados del Gobierno como argumentos de complacencia para granjearse la simpatía de la criminalidad, cuando en realidad fueron actos necesarios del Estado para garantizar un proceso de paz transparente sin la presencia de una cúpula militar corrupta. Tercero: En última instancia, la aproximación a la "Paz Total" con el Clan del Golfo repitió el trágico error de diagnóstico del Caguán. Al tratar a una corporación criminal y transnacional como si fuera un actor político con voluntad de desarme, el Estado sacrificó su ventaja estratégica operacional a cambio de una ilusión. El resultado final demuestra que el problema del Gobierno no radica en la búsqueda legítima de la paz, sino en haber permitido que sus emisarios borraran la frontera entre la diplomacia oficial del Estado y la debilidad, dejando al gobierno debilitado frente a una estructura criminal que instrumentaliza la buena voluntad institucional como un escudo de guerra.