La Inversión Cínica De La Violencia: Historia Del Odio De Clase Y La Captura Criminal En La Ultraderecha Colombiana Cristian Beltrán Barrero Introducción En el ecosistema mediático colombiano, se ha vuelto habitual que el periodismo corporativo y las figuras de la derecha radical utilicen acusaciones de "polarización" u "odio de clases" para descalificar cualquier proyecto político de corte progresista o socialdemócrata. Un ejemplo paradigmático ocurrió cuando la periodista Vanessa de la Torre acusó al senador Iván Cepeda de promover una agenda de división entre "buenos y malos", o cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló que la izquierda agita un resentimiento de "pobres contra ricos". Estas afirmaciones, lejos de ser análisis objetivos, operan bajo la lógica schmittiana de "amigo-enemigo" —teorizada por el jurista nazi Carl Schmitt— para fabricar un "enemigo interno" al que se pueda deshumanizar y culpar de los males de la nación. Sin embargo, al contrastar esta narrativa con los hechos históricos, los expedientes judiciales y los informes de memoria histórica, la tesis oficial se desmorona. Este ensayo sostiene que la división estructural, el odio de clase violento y la degradación institucional en Colombia no han sido provocados por la denuncia socialdemócrata, sino por las estrategias de exclusión, despojo y criminalidad estatal que la derecha y la ultraderecha han ejecutado sistemáticamente para perpetuar su hegemonía. La Genealogía Del Odio Y La "Guerra Desde Arriba" Contra El Campo El argumento de que la izquierda fundó la división social en Colombia cae por su propio peso al revisar el siglo XX. Mucho antes de la consolidación de las guerrillas de izquierda o de los movimientos civiles progresistas, las élites reaccionarias ya gobernaban bajo la premisa de la eliminación moral del adversario. Tras el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, el proyecto político del laureanismo (encarnado por Laureano Gómez) catalogó a la base popular liberal y campesina como una anomalía metafísica que debía extirparse. Bajo la etiqueta de "el Basilisco" —un monstruo con cabeza comunista y cuerpo liberal—, el oficialismo dio una carta blanca implícita a policías estatales (los "Chulavitas") y civiles armados (los "Pájaros") para perseguir, desplazar y masacrar al campesinado empobrecido. Esta doctrina de exclusión continuó en los años 60 bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, quien recurrió a la Doctrina de la Seguridad Nacional impuesta por Estados Unidos para bombardear las denominadas "repúblicas independientes". Aquellas zonas no eran ejércitos invasores, sino comunidades agrarias e indígenas organizadas para subsistir y defenderse del despojo latifundista. Desde la Regeneración de Rafael Núñez hasta el Frente Nacional, los pueblos étnicos y el campesinado pobre han sido tratados por el poder central como factores de atraso o aliados naturales de la subversión, evidenciando que el odio de clase original se ejerció verticalmente desde el Estado. El Uribismo Y Los Crímenes De Estado: El Desprecio Por La Vida De Los Pobres El punto de inflexión de esta "guerra de clases desde arriba" se consolidó en el siglo XXI con la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez. Bajo este modelo, la categoría del enemigo interno se expandió de manera peligrosa, etiquetando a defensores de derechos humanos, sindicalistas y opositores como "terroristas vestidos de civiles" o "corifeos de la insurgencia". La consecuencia más atroz de esta estigmatización institucional fue el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, erróneamente llamadas "falsos positivos". La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció que al menos 6.402 personas fueron asesinadas de manera ilegítima por agentes del Estado para presentarlas como bajas en combate entre 2002 y 2008, 7088 entre 2002 y 2010 y un universo de 7837 entre 1990 y 2016. Estas víctimas no pertenecían a los sectores acomodados; eran jóvenes desempleados de barriadas populares (como Soacha), campesinos, indígenas y personas vulnerables reclutadas mediante engaños. Para sostener una macabra contabilidad estadística que simulara el triunfo en la guerra, el sistema militar asumió de manera implícita que estas vidas eran desechables y que nadie las reclamaría. La recordada afirmación de que "no estarían recogiendo café" es la máxima expresión de ese desprecio clasista e institucionalizado. Delitos De Lesa Humanidad Y El Financiamiento Mafioso Del Estado Denunciar la devastación humana provocada por el paramilitarismo y el narcotráfico en la periferia del país no es "sembrar odio"; es relatar la verdad histórica documentada por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad. La ultraderecha colombiana no solo ha estado ideológicamente atada al paramilitarismo, sino que ha dependido materialmente de él. Las masacres sistemáticas, el despojo violento de más de 6 millones de hectáreas de tierra y las torturas monstruosas —como el uso de motosierras para desmembrar personas vivas— sirvieron como herramientas de control social y territorial. La construcción de infraestructuras para incinerar seres humanos (como los hornos crematorios operados por el Bloque Catatumbo de las AUC en Juan Frío, Norte de Santander) emuló los métodos más siniestros del fascismo europeo con el fin de borrar la evidencia del exterminio. Este proyecto paraestatal capturó las instancias legislativas y ejecutivas mediante pactos secretos (como el Pacto de Ralito en 2001) para, en palabras de los propios jefes paramilitares, "refundar la patria". La transición de este modelo hacia un narcoestado con altos niveles de impunidad se ha mantenido hasta épocas recientes; escándalos como la Ñeñepolítica en la campaña de Iván Duque demostraron cómo los dineros de economías ilegales han seguido financiando el acceso a la máxima jefatura del Estado. El Estallido Social Y La Retórica Contemporánea Del Exterminio La herencia de esta política represiva estalló entre 2019 y 2021. El Estallido Social, protagonizado por una generación de jóvenes precarizados, sin acceso a educación ni empleo, fue abordado por el gobierno de Iván Duque y la extrema derecha bajo la vieja tesis schmittiana: la protesta nacional fue calificada como una "toma guerrillera". Esta criminalización de la precariedad económica legitimó respuestas policiales desproporcionadas, desapariciones forzadas y agresiones que recordaron los años más duros del paramilitarismo urbano. Hoy en día, la retórica de la derecha radical se ha radicalizado en los medios de comunicación y redes sociales mediante discursos que incitan a la eliminación del oponente político.  Expresiones públicas emitidas por líderes de opinión o abogados de las élites que sugieren "destripar a la izquierda" o que advierten que la "mamertería debe correr y esconderse porque la van a desaparecer" no son simples excesos metafóricos. En un país con el historial de genocidio político de Colombia —como el vivido por la Unión Patriótica—, el uso de este lenguaje equivale a activar códigos de exterminio físico. El Récord Judicial De La Corrupción: Captura Contra Decencia Finalmente, el debate sobre quién divide al país debe trasladarse del plano moral al plano de las realidades judiciales. Acusar a líderes como Gustavo Petro o Iván Cepeda de dividir a la nación por denunciar la corrupción de las élites tradicionales es una falacia de causalidad: se pretende culpar al denunciante del delito cometido por el delincuente. Los registros de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación de las últimas tres décadas revelan un patrón abrumador de captura criminal de las instituciones por parte de los partidos de derecha y ultraderecha. El gobierno de la Seguridad Democrática ostenta el récord histórico de altos funcionarios, ministros y directores de departamentos (como el DAS) condenados en firme: María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno (Chuzadas ilegales del DAS). Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio (Cohecho en la Yidispolítica). Andrés Felipe Arias (Agro Ingreso Seguro). Generales como Mauricio Santoyo o Facundo Castillo (Vínculos con estructuras criminales y narcotráfico). A esto se suma que más del 30% del Congreso de la República de la época de la coalición uribista (Partido de la U, Cambio Radical, Partido Conservador) fue procesado y recluido por el escándalo de la Parapolítica. En la actualidad, partidos como el Centro Democrático continúan registrando la captura de congresistas clave por redes de contratación ilegal (como el caso de Ciro Ramírez). El progresismo y la socialdemocracia no crearon esta podredumbre; simplemente han ejercido el control político constitucional que destapó estas ollas ante la opinión pública. Conclusiones El examen riguroso de la historia colombiana demuestra que la acusación de que la izquierda promueve una "agenda de odio" es una estrategia de distracción e impunidad ideada por los verdaderos responsables de la fractura social de la nación. La izquierda socialdemócrata y progresista no divide al país entre buenos y malos, ni inventa la lucha de clases de forma artificial; lo que hace es evidenciar una fractura estructural preexistente generada por una minoría que concentra la riqueza mediante el despojo de las mayorías excluidas. Quien ha gobernado con un odio de clase violento e histórico ha sido la ultraderecha, cuyos métodos han abarcado desde masacres en el campo y el despojo masivo de tierras, hasta el fusilamiento sistemático de jóvenes vulnerables para inflar estadísticas de guerra y el saqueo descarado del erario nacional. Denunciar la corrupción, exigir que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad comparezcan ante los tribunales de justicia y defender los derechos fundamentales de las mayorías campesinas, indígenas y urbanas no es dividir a la sociedad; es un acto mínimo de higiene democrática, verdad y decencia. La paz y la cohesión de Colombia no se lograrán silenciando las denuncias de las víctimas, sino desmantelando los discursos y las estructuras criminales que por décadas han pretendido tratar a los sectores populares como ciudadanos sacrificables.