Escándalos y controversias en el gobierno de Iván Duque Márquez (2018-2022) Cristian Beltrán Barrero Introducción Durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), varios sectores como tecnología, paz, gestión del riesgo, alimentación escolar y contratación pública enfrentaron escándalos de corrupción, sobrecostos e irregularidades administrativas que generaron fuerte debate público y acciones de los órganos de control (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía). A continuación, un resumen de los casos más relevantes, con énfasis en los hechos documentados: Caso Centros Poblados (MinTIC) – El más mediático El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), bajo la ministra Karen Abudinen, adjudicó un contrato por aproximadamente 1 billón de pesos a la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a zonas rurales y escuelas. El problema central: el consorcio presentó garantías bancarias falsas (del Banco Itaú) y recibió un anticipo de 70.000 millones de pesos, que se transfirió a empresas fachada y cuentas en el exterior. El contrato fue declarado en caducidad y el anticipo no se recuperó en su totalidad. Consecuencias: Renuncia de la ministra Abudinen tras moción de censura. La Contraloría impuso responsabilidad fiscal. La Fiscalía ha avanzado en procesos por falsedad y fraude, con medidas de extinción de dominio sobre bienes de implicados (incluyendo a Emilio Tapia, condenado en casos previos de corrupción). Hasta la fecha, Abudinen ha sido declarada víctima en algunos aspectos penales y absuelta disciplinariamente por la Procuraduría, aunque persisten responsabilidades fiscales. Este caso se considera uno de los emblemas de fallas en la contratación pública durante el periodo. Irregularidades en OCAD-Paz y recursos de regalías para la paz Se denunciaron presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de proyectos financiados con regalías a través del OCAD-Paz, destinados a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la implementación del Acuerdo de Paz. Investigaciones periodísticas y de la Contraloría señalaron posibles sobornos ("peaje") de hasta el 12% para agilizar proyectos, con hallazgos fiscales por cientos de miles de millones (algunas estimaciones iniciales hablaban de alrededor de 500.000 millones en irregularidades detectadas en 2022). Denuncias posteriores mencionaron cifras mayores de recursos no ejecutados o con problemas contractuales (hasta 12 billones en proyectos con plazos vencidos, según reportes de 2024), aunque estas cifras incluyen problemas acumulados y no solo corrupción comprobada. Entes de control abrieron procesos disciplinarios y fiscales contra funcionarios del DNP y contratistas, pero la mayoría permanecen en etapas de investigación. Reconstrucción de Providencia tras el huracán Iota (2020) El gobierno prometió reconstruir la isla en “100 días”. El proceso enfrentó críticas por sobrecostos logísticos (transporte a la isla) y calidad de las obras. La Contraloría identificó hallazgos fiscales por miles de millones, viviendas entregadas incompletas o con materiales deficientes, y cuestionamientos al alto costo de algunas unidades habitacionales. Aunque se destacaron avances en ejecución presupuestal, persisten denuncias de la comunidad raizal sobre fallas estructurales. Parte de los recursos se manejaron a través de la UNGRD y Findeter. Irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y subsidios durante la pandemia Durante la emergencia por COVID-19 y la post-pandemia, la Contraloría detectó sobrecostos, entrega de alimentos en mal estado y pagos a “estudiantes fantasma” o beneficiarios inexistentes en el PAE y programas de Prosperidad Social (DPS). Se reportaron hallazgos fiscales por miles de millones, con casos emblemáticos de contratistas sin experiencia (ej. ferreterías vendiendo tamales a precios inflados). Muchos procesos afectaron a funcionarios y contratistas locales o departamentales. Escándalo de “Las Marionetas” (y extensiones) Red de corrupción liderada por el fallecido senador Mario Castaño (Partido Liberal), que direccionaba contratos públicos a cambio de sobornos. Involucró entidades como Prosperidad Social y afectó varios departamentos. Condenados clave: Mario Castaño (aceptó cargos, falleció en prisión), varios familiares y colaboradores. Recientemente (2026), la Corte Suprema condenó al senador Ciro Ramírez (Centro Democrático) a 23 años de prisión por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en contratos relacionados con una extensión de esta red (“Marionetas 2.0”). Otros casos relevantes Financiación de campaña y “Ñeñepolítica”: El CNE investigó presuntos ingresos no reportados y vínculos con el “Ñeñe” Hernández en la campaña de 2018. La investigación fue archivada en 2021 por falta de pruebas suficientes contra Duque. UNGRD y pandemia: Sobrecostos en compras de mercados, tapabocas y otros bienes durante la emergencia. También cuestionamientos al programa Ingreso Solidario (pagos a cédulas inexistentes). Perfilamientos militares (“Carpetas secretas”): Denuncias de seguimientos ilegales del Ejército a periodistas, opositores y defensores de DD.HH. Reconstrucción y otros: Préstamo fallido a Avianca, nombramientos cuestionados (“mermelada”) y controversias en Aerocivil o compra de medicamentos (ej. malaria). Panorama general Muchos de estos casos surgieron de investigaciones periodísticas, auditorías de la Contraloría y denuncias de la oposición. Algunos derivaron en renuncias, caducidad de contratos, hallazgos fiscales y procesos disciplinarios. Otros, como “Las Marionetas”, han tenido avances judiciales con condenas (principalmente contra congresistas y contratistas). No todos implican responsabilidad directa del presidente Duque ni han terminado en condenas penales contra altos funcionarios del Ejecutivo. En Colombia es común que escándalos mediáticos generen fuertes debates, pero los resultados judiciales avanzan lentamente, especialmente en niveles altos. Importante: Las cifras varían según la fuente y el momento (algunas denuncias iniciales se ajustan con las investigaciones). Siempre es clave distinguir entre denuncias, hallazgos fiscales y sentencias firmes.