La Economía Política Del Horror: De La Doctrina Operacional A La Mercantilización De La BarbarieCristian Beltrán Barrero IntroducciónEl conflicto armado y las dinámicas de orden público en Colombia atraviesan un punto de inflexión en el que la praxis militar no sólo redefine el control territorial, sino también las narrativas éticas del debate público. El reciente viraje en la estrategia de seguridad estatal —caracterizado por el retorno a la ofensiva aérea, la suspensión de diálogos de paz y el incremento de operativos en zonas de alta vulnerabilidad campesina e indígena— reabre viejas cicatrices vinculadas a las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Sin embargo, reducir este fenómeno a una simple disputación operacional o partidista resulta insuficiente. En el marco del capitalismo de plataformas y la reconfiguración neofascista del siglo XXI, la violencia, el sufrimiento y la muerte han dejado de ser fallas del sistema para convertirse en insumos de acumulación económica, divisas de rendimiento electoral y dispositivos de gobernanza. En este ensayo examino la forma en la que la doctrina de seguridad contemporánea se entrelaza con la mercantilización del odio, la fetichización del enemigo y la espectacularización de la tragedia, al tiempo que plantea alternativas de resistencia ciudadana y comunitaria frente a la monetización de la barbarie.
El debate en torno a los bombardeos en regiones rurales como el Guaviare ilustra la tensión estructural entre la razón de Estado y las garantías fundamentales. Por un lado, la narrativa gubernamental justifica el uso de la fuerza desproporcionada como un imperativo estratégico contra estructuras delictivas y narcoterroristas, argumentando que son estas las que violan el DIH al instrumentalizar a la población civil y reclutar menores. Por otro lado, la sociedad civil, las bancadas de oposición y los organismos de derechos humanos exigen transparencia e inteligencia previa, recordando que, bajo el DIH, los menores víctimas de reclutamiento forzado mantienen su condición de sujetos de especial protección y no pueden ser tratados simplistamente como combatientes legítimos. Esta preocupación no surge en el vacío; se inserta en un tejido social profundamente traumatizado por el patrón macrocriminal de las ejecuciones extrajudiciales (denominadas "falsos positivos"). La documentación histórica de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad ha demostrado cómo la lógica del "conteo de bajas" (body count) y los incentivos institucionales derivaron en el asesinato sistemático de miles de civiles entre 2002 y 2008. Aunque el Estado colombiano ha pedido perdón oficialmente y la justicia transicional avanza en la imputación de máximos responsables mediante el Caso 03, el recrudecimiento de la violencia rural en 2026 —reflejado en cerca de 100 homicidios de líderes sociales e indiscutibles presiones sobre defensores de derechos humanos— reactiva las alertas sobre la persistencia del estigma, el riesgo de impunidad y el desplazamiento forzado.
Para comprender por qué estas dinámicas se perpetúan y encuentran eco mediático, es necesario acudir a la teoría social contemporánea:
En la convergencia "capitalismo-fascismo" del siglo XXI, la instrumentalización de la muerte no es un exabrupto irracional, sino una estrategia de alta rentabilidad política y fiscal:
Frente a una maquinaria de escala sistémica, el ciudadano sin poder institucional posee un margen de acción decisivo en la escala de lo cotidiano, lo comunitario y lo conceptual:
ConclusionesLa crisis humanitaria y el debate operacional en Colombia no pueden aislarse de las transformaciones globales del capitalismo tardío. Cuando la seguridad se concibe como un espectáculo mediático y el dolor ajeno se traduce en métricas de engagement o rendimientos electorales, la democracia pierde su densidad ética y se convierte en un escenario de gestión del despojo. Como señalaba Antonio Gramsci, en el claroscuro donde lo viejo muere y lo nuevo no termina de nacer, emergen los monstruos. La tarea de la ciudadanía de a pie no es emprender un combate individual contra la maquinaria del horror, sino negarse a ser su materia prima. Desmonetizar la indignación, rehusar la estigmatización del campesinado, tejer redes comunitarias de cuidado y sostener viva la memoria histórica son los actos radicales de resistencia que impiden que el odio cotice en bolsa y que la vida humana siga siendo contabilizada como un simple indicador de guerra. |
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sábado, 3 de octubre de 2026
La Economía Política Del Horror
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