Populismo Populismo En La Ley De Impunidad  Análisis De La Inviabilidad Dogmática, Procesal y Territorial del Proyecto de Reforma a la Ley de Sometimiento Cristian Beltrán Barrero Introducción El proyecto de Ley de Sometimiento impulsado por el Gobierno nacional busca sustituir la política de "Paz Total" (Ley 2272 de 2022) mediante la modificación de la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997). Aunque la iniciativa se presenta bajo una narrativa de firmeza institucional y "mano dura", su articulado enfrenta serias objeciones jurídicas, operativas y de política criminal que anticipan un fracaso sistemático en el desmantelamiento de las organizaciones armadas ilegales. El Dilema de Incentivos: Austeridad de Beneficios y Bloqueo Estratégico El diseño normativo adolece de un desbalance estructural en la relación costo-beneficio para las estructuras criminales: Mantenimiento de la extradición y órdenes de captura: Al rehusarse a congelar cautelarmente los trámites de extradición o las capturas durante la fase de verificación, el proyecto elimina la principal garantía de seguridad jurídica que motiva a los cabecillas (como los del Clan del Golfo, el ELN o las disidencias) a iniciar acercamientos con el Estado. Castigo desproporcionado a mandos medios y cúpulas: Al limitar la rebaja de penas al 30% para los líderes y exigir penas privativas efectivas superiores a 10 años —mientras concede hasta el 50% a los patrulleros rasos—, se genera un desincentivo directo en quienes tienen el poder real de ordenar el desarme colectivo. Exigencia patrimonial sin margen de sostenibilidad: Al exigir la entrega total de activos sin esquemas de delación premiada ni garantías de subsistencia posterior para sus familias, las organizaciones prefieren asumir el riesgo militar y mantener el control de sus rentas ilícitas antes que aceptar condenas extensas e insolvencia total. Ausencia de fases de transición: Al desestimar zonas de ubicación temporal o verificación internacional, la iniciativa es percibida no como un desmantelamiento gradual y ordenado, sino como una exigencia de rendición incondicional, históricamente inoperante en el conflicto colombiano. La Negativa al Diálogo Político y la Ruptura Institucional El articulado elimina el reconocimiento del delito político y la distinción entre guerrillas de origen sociopolítico y bandas de delincuencia organizada: Sordera ante la identidad ideológica: Exigir un sometimiento judicial puro a organizaciones con trayectoria histórica e ideológica destruye el presupuesto narrativo sobre el cual sustentan su existencia ante sus bases. Imposibilidad de agendas de transformación: Al reducir la interacción con el Estado a un trámite penal, se elimina la posibilidad de discutir políticas de desarrollo territorial o agrario, haciendo inviable un acuerdo con grupos cuya doctrina exige transformación social. Riesgo de dispersión y reconfiguración criminal: Esta rigidez fortalece a las facciones más radicales e ideologizadas dentro de los grupos armados, provocando fracturas internas y la migración de mandos intermedios hacia esquemas de criminalidad pura. Inoperancia Administrativa y Colapso Procesal En el plano operativo, trasladar la judicialización de más de 28.000 combatientes a la justicia ordinaria desborda cualquier estimación de capacidad estatal: El embudo de la imputación individual: Tratar a miles de excombatientes mediante expedientes individuales en lugar de macrocausas paralizaría la Fiscalía y la Rama Judicial, obligando a realizar miles de investigaciones financieras y audiencias aisladas. La inevitable libertad por vencimiento de términos: Ante la imposibilidad física de sustanciar las acusaciones dentro de los plazos estrictos del Código de Procedimiento Penal, el sistema generará una excarcelación masiva por morosidad judicial, consagrando una impunidad técnica sin verdad ni sanción. Déficit presupuestal y penitenciario: La inyección masiva de personal judicial e infraestructura requerida resulta fiscalmente irrealizable frente a la crisis de finanzas públicas y el hacinamiento crónico del INPEC. Relegación de las Víctimas y Riesgo de Reciclaje de la Violencia Retribución sobre restauración: El proyecto prioriza el castigo carcelario sobre el aporte a la verdad plena y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Asimismo, la reparación se restringe al decomiso de bienes, ignorando medidas de satisfacción y no repetición. Asimetría de la verdad: Se le otorga la mayor rebaja penal a la base que carece de información estratégica, mientras se sanciona severamente a los comandantes que poseen las claves sobre las redes de corrupción, lavado y narcotráfico. El vacío del territorio y el reciclaje armado: Sin un programa integral de reincorporación social y económica en las periferias, el retiro de una estructura no pacifica la región; simplemente deja abierta la "vacante" para que nuevas bandas o mandos medios coaccionen a la población y reanuden el control de las economías ilícitas. Conclusiones Un anacronismo dogmático incompatible con el crimen organizado: El proyecto de ley fracasa desde su raíz conceptual al pretender juzgar a estructuras macrocriminales complejas mediante los dogmas de la Escuela Clásica y el causalismo mecanicista del siglo XIX. Al rechazar los postulados del Funcionalismo Penal (Claus Roxin y Günther Jakobs), el Estado descarta herramientas indispensables como la autoría mediata y los macrocasos, intentando resolver la criminalidad organizada con lentes diseñados para el delito común. Colapso procesal y garantía de impunidad técnica: La exigencia de tramitar individualmente más de 28.000 procesos bajo la justicia ordinaria supera con creces la capacidad operativa de la Fiscalía y la Rama Judicial. Ante la imposibilidad material de cumplir los plazos perentorios del Código de Procedimiento Penal, la norma activará de manera inevitable masivas libertades por vencimiento de términos y prescripción, convirtiendo la inoperancia estatal en un perdón y olvido de facto. Inviabilidad fiscal y presupuestal: Sostener un plan de contingencia con un contingente extraordinario superior a 2.200 funcionarios judiciales —con un costo estimado de más de $2,03 billones de pesos a tres años únicamente en nómina— resulta fiscalmente irrealizable, especialmente tras los traumas institucionales y presupuestales recientes de la Nación. Carencia de incentivos y reciclaje de la violencia: Al ofrecer un esquema punitivo rígido, suprimir el diálogo político y no garantizar estabilidad jurídica a los mandos medios o cúpulas, la ley carece de atractividad para las estructuras armadas. Esto no solo obstaculiza el desarme voluntario, sino que propicia el vaciamiento de verdad para las víctimas y el inmediato reciclaje de la violencia a través de nuevas facciones que ocuparán las rentas ilícitas abandonadas. Una derrota institucional disfrazada de "mano dura": De aprobarse en sus términos actuales, el proyecto consumará un grave incumplimiento de los deberes misionales del Estado. Al sacrificar la eficacia procesal, la verdad restaurativa y la seguridad territorial en aras del populismo punitivo, la iniciativa dejará a las víctimas en la desprotección absoluta y consumará la rendición del Estado frente al crimen por su propia inviabilidad logística y dogmática.